La Comisión Europea critica las tasas judiciales españolas

La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha señalado que un "recargo excesivo" de las tasas judiciales en España puede constituir una "restricción" que vulnere el derecho fundamental de acceso a la Justicia de los ciudadanos.

Reding, respondió así a una pregunta remitida por la eurodiputada socialista española María Irigoyen, para determinar si la ley de tasas judiciales, que entró en vigor el pasado 20 de noviembre, respeta el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.

En su respuesta, la comisaria europea recalcó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la exigencia del pago de honorarios a los tribunales civiles "no constituye per se una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia", sin embargo, Reding precisó que la esencia misma del derecho fundamental de la persona a ser oída por un tribunal puede verse restringida por un recargo excesivo en el sistema de tasas judiciales.

"El carácter excesivo de una tasa debe evaluarse a la luz de todos los elementos pertinentes de la legislación que establece una tasa, incluyendo la posibilidad de que se apliquen exenciones para personas con derecho a asistencia jurídica", señaló la comisaria.

Compromiso a seguir el asunto

Reding aseguró que el Ejecutivo comunitario "seguirá de cerca este asunto", aunque señaló que ahora es el Tribunal Constitucional español el que debe pronunciarse sobre esta cuestión.

El PSOE anunció que recurrirá la ley de tasas ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que el "tasazo o copago" conllevará a su juicio una Justicia para ricos y otra para pobres. La eurodiputada socialista, por su parte, denunció en la pregunta dirigida a la Comisión Europea (CE) que la aplicación de la nueva ley contempla una subida generalizada de las tasas, a su juicio, "desproporcionadas", lo que podría vulnerar el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

Desde el 17 de diciembre

Asimismo, Irigoyen destacó que las nuevas tasas judiciales, que oscilan entre los 100 y los 1.200 euros para los recursos de casación tanto en el ámbito civil como en el administrativo, ponen fin a las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso. En concreto, la eurodiputada preguntó si Bruselas tenía previsto hacer alguna recomendación al Gobierno español para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios a través de procedimientos eficaces.

Las tasas comenzaron a aplicarse en España el pasado 17 de diciembre. El paquete de reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, prevé también la aplicación de tasas para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos.