03 jun 2020

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LEVANTADA LA SUSPENSIÓN DE UN DECRETO VASCO

El Tribunal Constitucional avala la atención médica a los simpapeles

Afirma que excluir a los inmigrantes del sistema genera riesgo para la salud pública

El auto obliga en cambio a Euskadi a aplicar el copago para no elevar el déficit

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

El Tribunal Constitucional ha levantado en parte la suspensión del decreto vasco de insumisión a la reforma sanitaria estatal y, contra el criterio del Gobierno de Mariano Rajoy, permite a Euskadi seguir facilitando la tarjeta sanitaria y atender a los simpapeles hasta que se pronuncie con una sentencia firme. El alto tribunal no entra de momento en la cuestión de fondo, que es el conflicto de competencias, pero entiende que mantener la suspensión cautelar de la norma vasca, que extiende la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, supondría un "perjuicio irreparable" para esas personas además de un peligro para la salud pública.

Aun tratándose de un auto y no de una sentencia firme y siendo aplicable solo al caso vasco, la argumentación del tribunal despeja el camino a los recursos contra este punto del polémico decreto del Ministerio de Sanidad del pasado abril. Así, mientras que el abogado del Estado esgrimía el grave perjuicio de la norma vasca para las arcas públicas en un momento de crisis, el auto sostiene que la importancia de los intereses en juego --el derecho universal a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas--, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, como la propagación de enfermedades infectocontagiosas, "poseen una importancia singular que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico".

El Constitucional alega además que el supuesto ahorro por la exclusión del sistema de los inmigrantes en situación irregular puede no ser tal por el aumento de costes en las urgencias hospitalarias, "transfiriéndose sencillamente el gasto desde la atención primaria hacia la atención de urgencias".

La decisión afecta a unas 25.000 de las 910.342 personas que, según datos oficiales, debían quedarse desde junio sin acceso a la sanidad. Otras 180.000 están en Catalunya, que también se sumó a la insumisión al decreto y ha mantenido la asistencia sanitaria a los simpapeles. Pero en este caso el Ejecutivo central no ha recurrido ante el Constitucional porque la Generalitat, a diferencia del caso vasco, no hizo ninguna norma y acató la implantación del nuevo copago farmacéutico.

El impacto del copago

En este último tema, en cambio, el tribunal sí da la razón al Gobierno central y ha decidido mantener la suspensión cautelar de los artículos del decreto vasco que regulan el copago farmacéutico, y que lo retrotraían a la situación previa al decreto. Es decir que el Gobierno vasco no podrá aplicar, como pretendía, solo el 40% de copago a los activos y eximir por completo a los pensionistas.

El Constitucional considera que la situación de crisis y de incremento del gasto farmacéutico recomiendan mantener la suspensión y aplicar el copago. El auto explica que "la exigencia de un incremento del gasto durante los dos meses que estuvo en vigor la norma impugnada" y el hecho de que ese aumento "fue en paralelo a una disminución del gasto en las autonomías en las que sí se aplica en su integridad la norma básica estatal" dejan claro "el perjuicio económico que para el objetivo del control del déficit supondría el levantamiento de la suspensión".

Fuentes del Departamento de Salud vasco, del que ayer tomó posesión Jon Darpón, eludieron apuntar una fecha para comenzar a cobrar por los fármacos, ya que será necesario preparar el dispositivo.