Gallardón atribuye la oposición a sus reformas a "intereses corporativos"

Elministro de Justicia,Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido la oposición del sector judicial a sus reformas a "intereses corporativos" que, según ha dicho, difieren entre sí en sus peticiones, aunque no en su estrategia. Gallardón ha señalado que los jueces "quieren las tasas", mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados. El ministro, por su lado, las ha defendido hoy porque "las queremos para la Justicia Gratuita".

"No es verdad que todo el mundo esté en contra de mis reformas. Y no todos los que están en contra lo están por las mismas cosas, sino por cosas distintas. El Gobierno no piensa en cada uno de esos sectores sino en el conjunto de la sociedad", ha declarado el ministro en un foro organizado por Abc y Deloitte, traslas protestas de 18 colectivos que amenazan con ir a la huelga este diciembre.

Gallardón ha respondido a los distintos sectores que se oponen a sus medidas y las ha defendido, especialmente las tasas. Son necesarias, ha dicho, para disminuir el alto número de litigios que se da en España. Además, ha negado que la reforma del Registro sea privatizadora, dado que registradores y notarios son funcionarios.

Interlocutor válido

A las asociaciones de jueces y fiscales, que han declarado que no le consideran "interlocutor", les ha respondido que "a quien no quiera hablar conmigo, yo le digo que sí estoy dispuesto a hablar con él, mi puerta no está cerrada para nadie, el despacho del ministro está permanentemente abierto para ellos".

En esta línea, a la amenaza de huelga de jueces y fiscales, ha respondido: "al margen de que tengan o no ese derecho, lo importante es si eso es lo más adecuado y lo más responsable".

"¿Cómo no van a protestar jueces y fiscales si les hemos quitado la paga extraordinaria, si les hemos dejado de 18 días para asuntos propios en 12 días?", se ha preguntado antes de responder que no podía dejar a jueces y fiscales fuera del ejercicio de solidaridad que han hecho todos, incluido el Gobierno y el Parlamento. "Les hemos quitado una paga extraordinaria y otros en esa situación han hecho huelga. Pero un juez, además funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tiene obligaciones", ha añadido.

El ministro ha negado que la reforma del Consejo General del Poder Judicial quite poder al órgano de gobierno de los jueces. "Si la politización por los partidos del CGPJ es mala, la politización por asociaciones judiciales es igualmente mala", ha advertido.

En cuanto a la eliminación de los jueces sustitutos, cuyo trabajo deberá ser realizado por otros de carrera o por jueces en la escuela que hayan aprobado oposiciones, el ministro ha recordado que en lugar de ir a la docencia, como hace un 10 % de la carrera, para completar su sueldo, podrán cubrir esas bajas. "Nuestras propuestas se enfrentan a intereses legítimos pero corporativos", ha subrayado.