La iniciativa gubernamental

«El decreto puede empeorar la situación de los afectados»

Ada Colau, ayer, ante el Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ada Colau, ayer, ante el Col·legi d’Advocats de Barcelona. / JOAN PUIG

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TONI SUST
BARCELONA

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Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), es el emblema de la lucha en favor de los amenazados por el desahucio. Ella juzga insuficiente el decreto del Gobierno que prevé una suspensión de los desalojos solo en casos de extrema pobreza.

-¿Qué opina del decreto?

-Es muy decepcionante. Parecía que el Gobierno iba a responder al clamor social, pero entonces las entidades financieras hicieron un movimiento, dijeron públicamente que estaban dispuestas a aplicar moratorias parciales de desahucios, solo en casos muy extremos. Es eso lo que ha aprobado el Gobierno: lo que querían los bancos casi al pie de la letra.

-¿Han calculado cuánta gente se quedará fuera porque no cumple las condiciones?

-Aún tenemos que hacer el cálculo, pero por nuestra experiencia estamos convencidos de que la mayoría de las personas afectadas quedan excluidas del decreto. El hecho de que tengan que concurrir varias situaciones, no solo económicas, sino también otras casuísticas familiares, excluye a la mayor parte. Los casos recientes de suicidio quedarían fuera, cuando son los que han originado la alarma social que ha dado lugar al propio decreto.

-¿Por qué cree que el decreto puede ser incluso perjudicial?

-El decreto puede empeorar la situación. Por ejemplo, una familia con un niño de menos de 3 años se puede acoger, pero una familia con dos niños de 4 años, no. Son criterios que pueden derivar en actos desesperados. ¿De qué hablamos? Pues de familias que, por ejemplo, no tenían previsto tener más hijos porque no pueden mantenerlos y decidan ahora hacerlo, o de personas que atenten contra su salud para poder acogerse al decreto. Este decreto puede incitar la competencia entre pobres, de modo que intenten demostrar quién es más desgraciado.

-¿Qué le recomienda hacer a un afectado, a alguien que esté al borde de la desesperación?

-Que no se resigne. Sabemos que la situación es complicada, que la ley es muy injusta, sí, pero debe ser consciente de que se puede luchar. Lo que no hace la Administración lo está haciendo la sociedad civil. Estamos negociando daciones en pago, forzando condonaciones de deuda. Aunque no podemos garantizar que todos los casos sociales se resuelvan porque la ley es la que es, está claro que la presión social está dando sus frutos. Ahora hemos de organizarnos para cambiar la ley.

-¿Teme que esto sea un modo del Gobierno de distraer la atención?

-Nos preocupa que no sea más que una falsa actuación del Gobierno. Ya pasó con el código de buenas prácticas, que pareció una primera medida de apoyo a los afectados, pero al final ha resultado más beneficioso para las entidades financieras, que han ganado tiempo para seguir desahuciando. Ha sido un fracaso total para las personas afectadas, ya que se han acogido apenas 150 personas, y en cambio ha dado una excusa a las entidades financieras para negociar a la baja, con la excusa de que no se cumplían los requisitos, las daciones en pago.

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-¿Qué opina de la frase de Luis de Guindos: «En España las hipotecas se pagan»?

-Por supuesto que en España se pagan las hipotecas. Y los afectados son los que mejor lo saben. La asociación de la banca en España reconoce que la morosidad en cuanto a la vivienda familiar es de las más bajas, de un 3%, frente al 20% del sector inmobiliario, que sí ha podido aplicar la dación en pago.