Freno al desahucio de familias con menos de 1.600 euros al mes

La reunión termina sin acuerdo entre Gobierno y oposición

El PSOE aún pugnaba anoche por que el Ejecutivo de Rajoy elevara el tope a 1.830 euros

Manifestación contra los desahucios en Valencia.

Manifestación contra los desahucios en Valencia. / MIGUEL LORENZO

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PILAR SANTOS / JUAN RUIZ SIERRA / Madrid

El Gobierno decidió anoche aprobar medidas legales para que se frenen losdesahuciosde la primera vivienda de las familias que tengan ingresos menores de 1.600 euros por mes. El Ejecutivo aprobará hoy en el Consejo de Ministros esta y otras medidas que anoche no concretó. Al cierre de esta edición, el Gobierno y el PSOE habían terminado la reunión sin acuerdo, ante la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a aceptar la propuesta de que ese umbral se subiera a 1.830 euros.

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El límite de renta a partir del cual una familia podría disfrutar de la suspensión temporal de desahucios, en principio de dos años, como propusieron los bancos, ha sido el principal motivo de división entre ambas partes. De ahí que las reuniones, que comenzaron el lunes y se han alargado durante todos estos días, avanzasen con lentitud. De acuerdo con el Gobierno, el PSOE quería ampliarlo en exceso, de manera que también aquellos que no estuvieran en una situación de extrema necesidad cumpliesen los requisitos para acogerse a la moratoria.

El encuentro de ayer, que comenzó a las 19.30 horas, se alargó hasta más allá de la medianoche y fuentes de la Moncloa consideraban que las posiciones se habían acercado lo suficiente como para poder alcanzar un acuerdo. Rubalcaba propone detener todos los desalojos hasta que se aplique la nueva ley, un procedimiento extrajudicial previo similar a los concursos de acreedores para las empresas en quiebra, bajar los intereses de demora, que el valor del inmueble durante la subasta nunca sea inferior al de la tasación original y que parte de las viviendas se dediquen al alquiler social para las personas ya desahuciadas. Algunas de estas propuestas, como la última, ya está puesta en práctica en comunidades gobernadas por el PP como Castilla-La Mancha, y el Ejecutivo se mostraba favorable a aplicarla en toda España.