Los jueces se niegan a ser los «cobradores del frac» de la banca

«Los jueces no somos cobradores del frac». Con esta alusión a los cobradores de morosos, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, se refirió ayer a la actuación de la justicia ante la catarata de desahucios inmobiliarios solicitados por las entidades bancarias. Los 46 jueces decanos reunidos desde el lunes en Barcelona acordaron mostrar su total apoyo al informe elaborado por un grupo de trabajo designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que propone reformas legales para frenar los desalojos y la exclusión social de miles de familias.

Este estudio no fue aceptado por el órgano de gobierno de los jueces. «Lamentamos que el CGPJ no lo haya asumido. La judicatura podría haber demostrado sensibilidad social. No podemos ser sordos ni mudos. Si hay cuestiones que chirrían, lo responsable es que las denunciemos», explicó el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, uno de los padres del informe remitido al CGPJ.

SIN MARGEN LEGAL / Al entender de los jueces decanos, que representan a más de 2.000 magistrados españoles, la ola de desahucios es «un drama que lleva a la exclusión social de familias que, tras haber perdido el trabajo o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, quedan en el umbral de la pobreza». En las conclusiones de las jornadas, detallan que no «existe prácticamente margen para la interpretación legal», aun cuando «ciertas resoluciones vanguardistas» han llegado a «loables interpretaciones beneficiosas para el deudor» y a la extinción del crédito mediante la dación en pago de la vivienda. Estas posibilidades tienen «un difícil encaje en el actual marco legal».

Los juristas coinciden con el informe remitido al CGPJ en que existe «margen» para «suavizar» y «humanizar» la regulación de la ejecución hipotecaria cuando «concurran circunstancias excepcionales». Las medidas que sugieren son, entre otras, la ampliación del Código de Buenas Prácticas Bancarias (de aplicación voluntaria y solo en casos extremos); la elevación del valor mínimo por el que los bancos se adjudican los inmuebles en la subasta (hoy el 60% de su valor de tasación); la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como «privilegio de los grandes acreedores»; la tasación de la casa por profesionales independientes; la concesión de moratorias del pago de la cuota hipotecaria; la dación en pago en ciertos supuestos y la autorización para que el deudor continúe en la vivienda pagando un canon o alquiler.

CON URGENCIA / Estas medidas, según los decanos, son, como mínimo, dignas de estudio, algo que debe hacerse «con urgencia». En suma, se apunta la necesidad de reformar la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria ante las «excepcionales circunstancia económicas» de España.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, aseguró que en la actualidad los jueces no tienen margen de maniobra respecto a los desahucios, al igual que los deudores, que prácticamente no pueden defenderse. La moratoria solo es autorizada, por ejemplo, si el acreedor está conforme. Insistió en la necesidad de modificar la legislación de forma inmediata: «Hay un mecanismo urgente, como es el real decreto, que es el mismo que se usó para aprobar el Código de Buenas Prácticas Bancarias».

«MEDIOS AFRICANOS» / El decano de Bilbao advirtió: «Nosotros no podemos inventarnos normas jurídicas». Es decir, que si no cambia la ley, los jueces no pueden actuar como árbitros en los procesos de desahucio. Los magistrados advirtieron de que ellos no hacen las leyes, sino que su misión es aplicarlas. «Nosotros hacemos sugerencias», repitió Viguer que, después, reiteró la falta de medios con que cuenta la justicia. «Los jueces son los garantes últimos de los derechos de los ciudadanos y no podemos tener leyes escandinavas con medios africanos».