La situación política

El Gobierno sopesa pactar con el PSOE moratorias frente a los desahucios

Una mujer protesta desde la ventana de una casa durante un acto de desahucio, en junio del 2011, en Madrid.

Una mujer protesta desde la ventana de una casa durante un acto de desahucio, en junio del 2011, en Madrid.

GEMMA ROBLES / JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, se han citado hoy para buscar con urgencia soluciones al drama social de los desahucios. Cientos de miles de ciudadanos han perdido o están a punto de perder sus viviendas por no poder hacer frente a los créditos que tienen contraidos con las entidades financieras. La crisis no perdona. Y la mayoría de los bancos, tampoco. Pero la presión ciudadana para poner fin a los desalojos crece cada día y los políticos por fin se han dado por enterados de que hay que pasar de la teoría a la práctica y de las peticiones de buena fe a los banqueros a los cambios legislativos y la obligatoriedad para entidades que han recibido ayudas públicas.

En este contexto, populares y socialistas pretenden alcanzar un pacto de vital relevancia para cientos de familias. Tienen sobre la mesa sus propios documentos de trabajo, las propuestas de los jueces y de la defensora del pueblo y las reformas legales, con la habilitación de los jueces para dictar moratorias a la cabeza, planteadas por EL PERIÓDICO en la campaña de recogida de firmas que impulsa y que se hicieron llegar ayer al Ministerio de Justicia y a Vicepresidencia del Gobierno, donde se comprometieron a estudiarlas.

También el PSOE acogió con satisfacción las propuestas de este diario. «Creemos que se trata de una muy buena iniciativa. Cuanta más presión social haya en una cuestión tan importante, y en especial más compromiso de los medios, mejor», señalaron fuentes de la cúpula del partido. Además, hay optimismo sobre la posibilidad de llegar a un pacto con el Ejecutivo conservador, como apuntó la diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO / «Ante la gravedad del problema social, el Gobierno tendrá que regular este asunto. Hay muchos puntos a favor de nuestra propuesta. Por ejemplo, que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, le haya hecho llegar a la vicepresidenta un enfoque que tiene muchos puntos en común con el del PSOE», dijo Rodríguez-Piñero.

De hecho, fue la vicepresidenta Sáenz de Santamaría quien pidió a la defensora que se reuniera ayer con ella y le explicara las medidas que defiende, que son vistas con buenos ojos por el Gobierno. Así las cosas, Becerril solicitó que se flexibilicen los requisitos para que más familias puedan beneficiarse de la reestructuración de la deuda hipotecaria, una posible quita del préstamo o la dación en pago que ya están recogidas en el código de buenas prácticas que aprobó en marzo el Gobierno. Se trataría pues de modificar el «umbral de exclusión» recogido en ese texto al que voluntariamente se adhirieron los bancos y que ha resultado un fracaso, dado que solo ha servido para que haya 560 solicitudes de aplicación. El Ejecutivo ve factible acometer ese cambio, informaRosa Sánchez.

Becerril sugirió también a Santamaría que se elabore un concepto jurídico del deudor de buena fe; que se regule el procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se establezca un acto previo de conciliación entre las partes, dotando a los jueces de capacidad para imponer acuerdos razonables. Asimismo, recomendó la limitación de los intereses de demora y gastos de ejecución y el establecimiento de la dación en pago para determinados casos, así como reformas en la ley de enjuiciamiento civil y la obligatoriedad de tasaciones independientes y justas.

CAMBIO SOCIALISTA / Muchas de las medidas que pide Becerril coinciden con la inciativa de EL PERIÓDICO, como la que atañe a las moratorias. En este aspecto el PSOE va más allá y aboga por que las moratorias sean obligatorias para bancos ayudados por el FROB, en lugar de dejar el asunto en manos de los jueces.

Los socialistas, que no actuaron contra los desahucios estando en el Gobierno (incluso de mostraron contrarios a la dación en pago), han reaccionado en esta legislatura. Fue en marzo cuando comenzaron a elaborar su proposición para frenar la sangría y ha sido registrada en el Parlamento hace un par de semanas. Hoy se sientan con el Ejecutivo en busca de acuerdos.