«Los bancos rescatados han de guiarse por criterios sociales»

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El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado Pérez, participa hasta hoy en Barcelona, junto con 46 colegas, en una reunión en la que se debaten medidas concretas para frenar la oleada de desahucios que provoca la crisis económica. Este magistrado es un ferviente defensor de la dación en pago y considera que el Gobierno debería obligar a los bancos que han recibido dinero público a que actúen bajo criterios sociales.

-¿Qué cree que se debería hacer para frenar la ola de desahucios?

-Habría que acometer reformas, como la modificación de la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria. Mientras tanto y de forma inmediata, el Gobierno debería dar claras instrucciones para que las entidades financieras que han recibido dinero público apliquen el Código de Buenas Prácticas Bancarias [que aboga por soluciones pactadas] en el mayor número de casos de familias en situación de exclusión social.

-Pero el código es voluntario.

-Sí, pero me refiero a entidades intervenidas. Sus consejos de administración tienen que guiarse no solo por criterios de solvencia económica, sino también por criterios sociales. El Gobierno debería indicar a esos consejos que en esas hipotecas hay que llegar a acuerdos.

-¿Solo los bancos que han recibido ayuda pública?

-En el resto estamos ante contratos privados, en los que no se puede entrar si no hay modificación legal.

-¿Qué papel juegan los jueces?

-Hay una línea jurisprudencial de aplicar a rajatabla y de forma acrítica la ley hipotecaria, sin plantearse nada más. Sin embargo, hay jueces que en base a la realidad social están ofreciendo soluciones alternativas.

-¿Qué soluciones?

-Si no hay más remedio que perder la vivienda, que su entrega suponga dación en pago y finalizar el proceso. Y si la persona puede continuar pagando parte de los intereses o el principal, que se le apliquen moratorias de la devolución de la deuda.

-¿Cómo debería encaminarse la reforma legislativa?

-La nueva ley no debe privilegiar a las entidades financieras y se tendría que incluir la dación en pago como obligatoria. Si no se puede pagar el préstamo, se entregan las llaves y se finiquita el problema.

-¿Quieren más competencias?

-Lo que pedimos es que los jueces podamos acordar moratorias, arrendamiento social, dación en pago e incluso moderar intereses si son usurarios. Que la ley establezca ese margen de maniobra.

-¿Cree que hay sensibilidad política para solucionar el problema?

-Ahora sí, pero por la presión social, judicial y de todo tipo que estamos ejerciendo día a día. ¿Cuándo habíamos oído hablar al PSOE o al PP de arreglar este problema? Las circunstancias no han cambiado en relación con hace tres años. Es la presión de todos los entornos la que propiciará una modificación.

-¿Considera que la actitud de los bancos ha sido correcta?

-Los bancos han actuado de la misma manera que en épocas de bonanza económica. Ellos sabían que tenían una maquinaria judicial a su favor y han seguido igual. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La explosión de la burbuja inmobiliaria.

-El alud de desahucios aumenta la exclusión social.

-Con este sistema la exclusión social esta garantizada y la economía sumergida se mantiene, porque si una persona sabe que tiene que seguir pagando después de haber perdido su casa, se le obliga a pasarse a la economía sumergida porque si no le embargan el sueldo.