Gobierno y PSOE quieren ahora un cambio legal para frenar el drama

Los desahucios han estallado en las manos de los dos partidos mayoritarios. Se trata de un fenómeno que se lleva sufriendo, con intensidad creciente, desde hace años, pero hasta el momento tanto el PP como el PSOE se habían instalado en la inacción más absoluta. Ahora, en cambio, tras las críticas de los jueces y la expresión más extrema del drama de quienes se quedan sin vivienda (los suicidios), ambas formaciones se han emplazado a llegar a un acuerdo y estudian maneras de atajar el problema. El Ejecutivo quiere hacer cambios legales para frenar la sangría, y se prevé que esta semana se reúnan para discutir el enfoque la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano.

El Ejecutivo creía que la mala imagen de los bancos serviría para que, con la aprobación de un código de buenas prácticas, las entidades se mostraran comprensivas con los ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas, evitando al menos el desahucio de las familias en «riesgo de exclusión». Pero a la vista está que ha pecado de ingenuo al pensar que el asunto podía confiarse a la voluntad de los banqueros. Según fuentes populares, toca pasar de la «voluntariedad» a la «obligatoriedad».

«Hay que distinguir entre los bancos que han recibido ayudas de los que no las han recibido, porque ese dinero de las ayudas es público. Los de las ayudas tienen que dar un tratamiento diferente a las ejecuciones hipotecarias», aseguró ayer la número dos del PP, María Dolores de Cospedal en declaraciones a TVE. En este sentido, apostó por generalizar las ayudas públicas a la adquisición de vivienda o dar prioridad a la hora de alquilar viviendas de protección oficial para aquellas familias que han sufrido un desahucio. Pero el Gobierno también baraja otras propuestas, como reformar la ley concursal para que los deudores se liberen tras la ejecución del patrimonio embargable y dar más garantías a los particulares que firmen contratos hipotecarios.

DISCULPAS PÚBLICAS / La propuesta del PSOE está mucho más madura. Hace unos días, los socialistas pidieron perdón por haberse quedado de brazos cruzados durante sus años en el Gobierno. En marzo del 2011, por ejemplo, el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo que la dación en pago «pondría en riesgo el sistema financiero». Ahora, en cambio, la apoyan para los casos donde no hay alternativa. Pero en su proposición de ley, registrada hace dos semanas, el PSOE pretende que «nadie se quede sin vivienda». A grandes rasgos, su forma de lograr el objetivo sería esta: bajar los intereses de demora de la hipoteca, impedir el desahucio de las familias que dedican más del 50% de sus ingresos a pagar deudas, abrir un plazo de negociación entre el banco y el titular de la casa durante el cual su expulsión quedaría paralizada y, por último, que el valor del inmueble durante la subasta nunca sea inferior a la tasación original.