Iniciativa judicial para limitar los desalojos por impagos de hipotecas

Clamor de los jueces contra los desahucios

Los magistrados abogan por imponer moratorias en el pago de las cuotas

Los juristas exigen reformas legislativas para paliar el «drama» de miles de familias

Protesta de la PAHen la sede central de CatalunyaCaixa,ayer en Barcelona.

Protesta de la PAHen la sede central de CatalunyaCaixa,ayer en Barcelona. / DANI CAMINAL

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J. G. ALBALAT
BARCELONA

Ofensiva judicial en toda regla. Los jueces españoles no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados ante la avalancha de desahucios. Dos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dos jueces decanos, entre ellos la de Barcelona, defendieron ayer una reforma de las leyes que regulan el desalojo obligatorio por impago de la hipoteca y algunos de ellos apuntaron la necesidad de modificar el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras, promovido por el Gobierno del PP, para imponer a los bancos la concesión de una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias en determinados supuestos de impago. El debate está en plena efervescencia, hasta tal punto que 47 jueces decanos de toda España (representan a más de 2.000 jueces) se reúnen esta semana en Barcelona para abordar lo que ya califican de «drama humano».

A pesar de que el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, decidió el 24 de octubre no asumir el contenido de un informe elaborado por seis magistrados y coordinado por el vocal Manuel Almenar en el que se proponían 18 medidas para paliar «la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias», el vicepresidente de esta institución, Fernando de Rosa, se mostró ayer favorable a una reforma de la ley hipotecaria, tras admitir que la actual normativa está produciendo «disfuciones» por el elevado número de desahucios ordenados y el impacto social que comportan.

PROBLEMA SOCIAL / De Rosa reconoció que existe una «problemática social» derivada de las ejecuciones, por lo que sería necesaria una reforma de la ley. Y puntualizó que las propuestas de modificación se deben plantear «dentro del respeto al poder ejecutivo y al judicial». «Nos nos corresponde la tarea del legislador».

La vocal de CGPJ Margarita Robles fue más allá y aseguró a EL PERIÓDICO que es «imprescindible que las medidas que se tomen sean inmediatas». En primer lugar, debe «ampliarse» el Código de Buenas Prácticas, que ahora es de asunción voluntaria y solo se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión y cuya vivienda tenga un precio de adquisición inferior a los 120.000 o 150.000 euros, depende de la población. «Los supuestos son muy reducidos. Los propios bancos deberían conceder de forma automática y en supuestos de drama personal una moratoria, sin acudir a la justicia. En Francia, por ejemplo, están prohibidos los desahucios durante los meses de invierno», recalcó.

Para la magistrada, otro paso sería la reforma legislativa para que los jueces tengan la facultad de estudiar cada caso y solucionar el problema. Fórmulas, explicó, como la dación en pago, la moratoria del pago de las cuotas, que los propietarios se queden en régimen de alquiler, entre otras. «En la actualidad ,los jueces pueden hacer poca cosa», admitió, tras advertir de que la ley «es desigual», al «poner a los bancos en una situación de superioridad en relación con los ciudadanos». Agregó que los jueces han dado un «aldabonazo, porque no se puede ser insensible ante un drama humano».

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MÁS FACULTADES/ El juez decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, explicó a este diario que el informe remitido al CGPJ, en el que él participó, pretende «abrir un debate sobre la dramática situación». En su opinión, el Código de Buenas Prácticas «se ha quedado corto» y es necesario otorgar a los jueces más facultades para conceder moratorias. Ahora no pueden. Por ello, insistió, es necesario reformar la ley de enjuiciamiento civil. «El sistema actual es automático, insensible y rígido. Es un procedimiento donde el deudor no tiene posibilidad de defenderse», sostuvo. La jueza decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, reclamó un cambio de «la ejecución de los procedimientos hipotecarios, porque la ley es muy cerrada y se ha de permitir un margen de movimiento».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aceptó ayer, en Castelldefels, una reforma para que los jueces tengan un mayor «margen de maniobra». «Las normas que en otros momentos pudieron ser válidas tienen que ser ponderadas», detalló.

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