POLÉMICO PLAN DE REFORMA LEGAL

El Gobierno desautoriza a Cosidó y descarta prohibir grabar a policías

Carga policial contra manifestantes en las proximidades del Congreso, el pasado 25 de septiembre.

Carga policial contra manifestantes en las proximidades del Congreso, el pasado 25 de septiembre.

MAYKA NAVARRO / JUAN RUIZ
MADRID

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En público y en privado. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, fue desautorizado ayer por el Gobierno, que dejó claro que prohibir grabar a los policías cuando están realizando su trabajo ni está en la agenda del Ejecutivo, ni se va a plantear. Primero fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien en un acto con comisarios de la policía y en presencia del propio Cosidó, advirtió de la necesidad de preservar la libertad de expresión y la libertad de prensa por encima de todo. Aunque advirtió del peligro de que bajo la excusa de la libertad de expresión se injurie o ataque a la policía.

¿A qué se refería el ministro? A algunos vídeos que circulan por las redes sociales en los que se identifica con nombre, apellidos e incluso teléfono y dirección particular a policías, que son objeto de injurias y amenazas. Los sindicatos policiales vienen denunciando que en la actualidad hay pocas armas para luchar contra estos hechos. Y ante estas peticiones, es verdad que la dirección general de la policía estaba estudiando dedicar un apartado en la futura ley de seguridad ciudadana a esta cuestión. Pero ahora, ante tal polémica, será difícil que el Ministerio del Interior haga referencia alguna a esta cuestión.

DERECHOS / Lo dejó claro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, quien en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros fue preguntada hasta en cinco ocasiones por esta cuestión. Santamaría tiró bastantes balones fuera, pero en ningún momento admitió que se fuera a prohibir grabar a policías, ni a los periodistas, ni a cualquier ciudadano. Eso sí, reiteró la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los policías.

Ya por la tarde, fuentes del Ejecutivo fueron más allá y advirtieron de que las palabras de Cosidó «solo responden a los intereses de la policía, pero se olvida de los intereses y derechos del resto de los ciudadanos». Ese mismo portavoz gubernamental aseguró que en nombre del Gobierno solo habla el presidente, la vicepresidenta, los ministros y los secretarios de Estado, «nadie más». Y dio más que largas cuando se le preguntó para cuándo podría ser efectiva esa posible reforma. «Va para largo, no hay prisas. Hay que pedir muchos informes y pensar mucho», insistió. Y recordó que las palabras de Cosidó son exclusivamente «la opinión del director de la policía y en ningún caso, la postura oficial del Ministerio del Interior».

Varios grupos parlamentarios, como el socialista y el de Izquierda Plural ya han pedido la comparecencia del ministro del Interior para que detalle en el Congreso en qué va a consistir esa propuesta.