JUICIO EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA

Las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín pueden ser todavía imputadas

J. G. ALBALAT / Barcelona

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Las mujeres que abortaron en las clínicas barcelonesa del ginecólogo Carlos Morín todavía podrían resultar imputadas en el proceso, dado que la juez instructora del caso decretó en su día el archivo provisional, y no libre, de las diligencias abiertas en su contra. Así lo ha advertido hoy Eduardo Navarro, presidente del tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, que juzga al méido y a su equipo médico por un centenar de abortos ilegales.

El magistrado ha asegurado en la segunda sesión del jucio que se celebra en la Audiencia de Barcelonba de la singular situación en que declararán las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín, dado que han sido citadas como testigos pero podrían ser interrogadas sobre cuestiones que les acarrearían responsabilidades penales. La situación en que se hallan las pacientes se deriva del hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que investigó el caso, decretó en su día el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ellas, en vez del libre, que habría supuesto su archivo definitivo del proceso contra ellas, sin que sus defensas recurrieran. Por ese motivo, el presidente del tribunal ha resaltado que esas mujeres declararán "en condiciones especiales" y que se las eximirá de responder a las preguntas que podrían incriminarlas y comportar su imputación, una decisión que da oxígeno a las defensas porque limitará los testimonios de cargo.

Rechazada la nulidad

El macrojuicio por los abortos ilegales se inició el pasado viernes, en una sesión en la que las defensas pidieron la nulidad del proceso por considerar que se había iniciado a raíz de una prueba ilícita, el documental con cámara oculta elaborado por una televisión danesa. El  tribunal ha rechazado hoy que el proceso sea nulo, al considerar que no fue el vídeo con cámara oculta el que dio inició al proceso penal contra Morín, sino que éste arrancó de una querella de la organización E-Cristians que "iba mucho más allá" y ampliaba los hechos denunciados en el documental. Los magistrados han desestimado también otras alegaciones y han acordado que el juicio debe continuar.

No responde a las acusaciones

En su declaración, el doctor Morín ha defendido hoy la legalidad de las intervenciones practicadas en esos centros y ha opinado: "el aborto es un incidente, no la vida de una señora". El ginecólogo, que afronta una petición fiscal de más de 300 años de cárcel, se ha negado a responder a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones personadas en la causa y ha contestado sólo al interrogatorio de su abogado, Miguel Capuz, ante el que ha defendido la legalidad de los abortos practicados en sus clínicas, según la agencia Efe.

El doctor ha explicado que los historiales médicos de sus pacientes estaban a disposición de las autoridades sanitarias, que llevaban a cabo inspecciones en sus centros sin previo aviso, y que las mujeres que acudían a sus clínicas eran derivadas de otros centros médicos y, a menudo, sus intervenciones eran pagadas por administraciones públicas. El imputado ha añadido que las interrupciones del embarazo eran totalmente "normales" en su clínica, por lo que no se daba un tratamiento especial a los historiales médicos de las pacientes.

Según Morín, los residuos procedentes de sus centros abortivos iban a parar a unos contenedores donde una empresa contratada se dedicaba a darles el tratamiento adecuado. En este sentido, el médico ha manifestado que la trituradora que se encontró en uno de sus centros, era utilizada para eliminar restos de pollos y cerdos que se usaban para unas prácticas quirúrgicas de veterinaria que él organizaba, en virtud de sendos convenios con la Universidad de Autónoma de Barcelona (UAB) y de Zaragoza.

La mujer del médico se defiende

Esa misma explicación ha dado la esposa de Morín, María Luisa Durán, también imputada por el centenar de abortos, que igual que su marido se ha negado a contestar las preguntas de las acusaciones y sólo ha respondido a su abogado. La mujer se ha desvinculado de la administración de las clínicas abortivas, en las que ha dicho que no tenía ninguna participación empresarial, y ha precisado que su cargo era el de directora de enfermería de uno de los centros, por lo que se limitaba a abrir las fichas de las pacientes y a pedirles su consentimiento escrito a las pruebas que se les debían practicar. Ha negado que se encargara de rellenar los cuestionarios psiquiátricos de las mujeres que acudían a sus clínicas a abortar y sólo ha admitido que ayudó a contestar los formularios a pacientes analfabetas que "incluso firmaban con el dedo".