La Agencia Estatal de Seguridad Aérea abre un expediente por los incidentes de Ryanair

Asociaciones de consumidores piden que se retire la licencia a la aerolínea

Un avión de Ryanair, a punto de aterrizar en El Prat.

Un avión de Ryanair, a punto de aterrizar en El Prat. / JOSEP GARCIA

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EL PERIÓDICO / Barcelona

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio deFomento ha abierto una investigación para recabar información sobre los

tres aterrizajes de emergencia que realizaron el pasdo 26 de julio tres aviones de Ryanair en el aeropuerto de Valencia por falta de

combustible.

Lainvestigación, que se abre de oficio cada vez que se declara una emergencia en una aeronave, pretende determinar si la aerolínea de bajo

coste irlandesa cometió alguna irregularidad en los incidentes.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha formulado unadenuncia

administrativa contra Ryanair ante la Dirección General de Aviación Civil para que investigue a la compañía. Ceaccu reclama la imposición a

Rynair de una multa de 4,5 millones de euros si se comprueba que hubo negligencias: "Atendida la extraordinaria gravedad de los hechos

denunciados, que han puesto en muy severo riesgo la seguridad de pasajeros y constituye una práctica promovida de modo deliberado por la

compañía denuncia".

Petición de suspensión de licencia

La Ceaccu pide una sanción desuspensión de la licencia de explotación, título habilitante o derechos de tráfico otorgados a la aerolínea por

tiempo de tres años.

En un sentido parecido se ha pronunciado la asociación FACUA-Consumidores en Acción, que ha reclamado a la AESA que abra de una vez

una investigación sobre Ryanair y su política decombustible. "Alguien debería recordarles que no transportan ganado", ha dico el portavoz de la

asociación, Rubén Sánchez.

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En un comunicado,Facua recuerda que ni AESA ni el Instituto Nacional del Consumo (INC) han tomado medidas contra la "larguísima lista de

fraudes que comete esta compañía", como tampoco lo hacen las autoridades autonómicas de protección al consumidor.