Los simpapeles y las rentas altas pagarán lo mismo por la sanidad

los inmigrantes que viven en España y no tienen regularizado su permiso de residencia, a los que el Ministerio de Sanidad suspenderá el derecho a la sanidad pública a partir del 1 de septiembre, podrán acceder a dicha asistencia si suscriben unos convenios, similares a las pólizas de los seguros privados, por los que habrán de pagar 710,40 euros al año -59,20 al mes- si tienen menos de 65 años, o 1.864,80 euros anuales (155,40 euros al mes) en el caso de los mayores de 65. La medida, según publicó ayerEl País, deberá ser ejecutada por las comunidades autónomas. Aunque Catalunya, al igual que Andalucía y el País Vasco, han anunciado su decisión de mantener el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes irregulares, su margen de actuación será muy limitado en este punto, ya que la regulación de las tarjetas sanitarias dependerá del Instituto Nacional de la Seguridad Social, adscrito al Ministerio de Sanidad.

En la misma circunstancia que los simpapeles quedarán las personas cuya renta anual supera los 100.000 euros. El decreto publicado por Sanidad -en abril y modificado en julio- excluye del acceso a la sanidad pública a las personas que disponen de rentas anuales definidas como «altas o muy altas» no obtenidas a partir de un trabajo por el que se pagan los impuestos corrientes.

LOS ATENDIDOS / El real decreto del Gobierno especifica que la citada exclusión no se aplicará a los menores de 18 años hijos de inmigrantes en situación irregular, ni tampoco a las mujeres embarazadas, incluido el periodo de posparto. Los inmigrantes simpapeles podrán acudir a los servicios de urgencia de los hospitales y de los centros de asistencia primaria. El real decreto del pasado julio, que modificó al de abril, especificó que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a la sanidad pública -sean trabajadores en activo o en paro, coticen o no a la Seguridad Social- si su renta anual no supera los 100.000 euros. La norma de abril, rectificada, privaba de la tarjeta sanitaria a quienes no cotizaran a la Seguridad Social o fueran beneficiarios de un cotizante, lo que, en la práctica, dejaba sin cobertura sanitaria a miles de españoles.

En España viven en la actualidad una cifra sin especificar de inmigrantes en situación irregular. Se trata de entre 150.000 y 300.000 personas, según diversas fuentes, que en su mayoría tienen domicilio y están censados, pero no disponen de trabajo asegurado. Las cantidades anunciadas por Sanidad para permitir su acceso completo a la sanidad pública son inasumibles para una mayoría de los implicados, consideran fuentes de las organizaciones de ayuda. Los colegios de médicos han advertido del riesgo que la desatención de esas personas puede suponer para la salud pública.