18 sep 2020

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La gestión energética

El Gobierno ultima la puntilla para las energías renovables

La nueva medida supondrá un «golpe mortal» al sector, predicen los productores

El Ejecutivo prepara otro impuesto que se añade a la moratoria de las primas

MANUEL VILASERO
MADRID

españa se encuentra a un paso de perder uno de sus pocos sectores industriales punteros a nivel mundial, el de las energías renovables. El Gobierno dejó las empresas de la electricidad limpia tiritando al establecer el pasado mes de enero la paralización del pago de primas a los nuevos proyectos. Y ahora las ha colocado en situación de pánico al difundirse su intención de implantar impuestos que se cebarán en lo que deberían ser la energías del futuro. Bruselas y una decena de fondos de inversión internacionales ya han lanzado serias advertencias al Ejecutivo que, como mínimo, han tenido el efecto de retrasar la aprobación de las medidas.

La intención del Ministerio de Industria es crear un impuesto -de aprobación inminente en el Consejo de Ministros, tal vez en el de hoy mismo- sobre la generación eléctrica que gravaría la facturación de los productores. No los beneficios, sino la facturación. El tipo impositivo variará según el tipo de energía, siendo los tipos más altos para las renovables. Estos oscilarán desde el 19% para la solar fotovoltaica, hasta el 4,5% para la biomasa pasando por el 11% de la eólica y el 13% de la solar termoeléctrica. A las energías tradicionales (carbón, gas, nuclear e hidraúlica) se les impondrá tan solo un 4%. La generación hidroeléctrica y la nuclear deberán pagar una tasa de 15 y 10 euros por cada MWh, respectivamente. A cambio, los reactores atómicos verían alargada su vida hasta los 50 años y las concesiones hidráulicas, hasta los 75.

INVERSIONES DE 30 AÑOS / El director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Jaume Margarit, ve el plan como un «golpe mortal a la industria española de las renovables». «Nos cepillaremos de un plumazo las inversiones realizadas en los últimos 30 años», asegura. El primer efecto que tuvo la moratoria de las primas fue la lógica paralización de nuevos proyectos. Ahora APPA ha calculado que centenares de parques de reciente construcción sometidos a importantes necesidades de financiación, con una producción estimada de 3.000 MWh, no podrían devolver la deuda contraída. «Además de millones de pisos vacíos, los bancos podrían quedarse ahora con las llaves de parques eólicos y el Gobierno podría verse obligado a un nuevo plan de rescate bancario», predice Margarit.

¿Con qué argumentos defiende el Ejecutivo su ofensiva? El principal es que se trata de hacer frente al aumento galopante del déficit de tarifa (24.000 millones acumulados y una previsión de crecimiento anual de 6.000 más) sin cargar el coste a los consumidores. «Cuando tenemos 106.000 MWh de capacidad instalada y la demanda punta es de 38.000 no podemos aumentar la capacidad con tecnologías que necesitan prima», ha reiterado en los últimos meses el ministro de Industria, José Manuel Soria, para defender la moratoria con el lenguaje de la calle. Sobre los nuevos impuestos los portavoces no se pronunciarán hasta que sean aprobados. Soria ha adelantado que se hará «una imposición progresiva según las tecnologías» mientras la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la reforma está «muy ultimada».

TODA LA CARGA / Desde el sector de las renovables se argumenta que no puede colocarse todo el peso del déficit sobre sus hombros. «Podemos colaborar como uno más, pero no toleraremos convertirnos en el chivo expiatorio», advierte Margarit. Unos 111.000 empleos están en juego, además de los 30.000 que ya se han perdido en los últimos años en una actividad que genera casi el 1% del PIB nacional y con un alto valor añadido dada su proyección de futuro.

Para el sector eólico la situación es grave porque su tecnología ha evolucionado tanto que se calcula que en unos cinco años ya no serán necesarias las subvenciones. «Si dejamos de estar presentes en este desarrollo definitivo, nuestra industria quedará fuera», afirma Jaume Morrot, portavoz de la asociación catalana de productores Eolicat. Y es que gran parte del sector vive ya de la exportación pero los grandes países que aumentan la producción, como Brasil y China, exigen en muchas ocasiones la participación de la industria local. «La deslocalización está servida», vaticina Morrot, para quien la sobrecapacidad de producción hay que combatirla reduciendo tecnologías obsoletas como las del carbón o peligrosas como la nuclear en vez de cercenar las que «representan el futuro como marcan todos los organismos internacionales».