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Proceso a los gestores de una institución

La doctora contra todos

La denunciante, una radióloga, accedió a las cuentas por la negociación de un ERE

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

La denuncia judicial presentada por la doctora Carme Pérez Martínez, radióloga en activo en el Hospital de Sant Pau, implica de forma indirecta al Arzobispado, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat, instituciones reunidas bajo el apelativo de Muy Ilustre Administración (MIA), que nutren con tres representantes, cada una, (cinco la Generalitat) las dos fundaciones que agrupan al centro sanitario y a su patrimonio inmobiliario. Estos dos ámbitos, que en origen eran la misma cosa, fueron separados en 1991. «Alguna responsabilidad tienen las tres instituciones que presiden la MIA -acusó ayer la doctora Pérez-. O por no vigilar bien a sus representantes, o peor aún, por consentir lo que sucedía, si es que lo conocían».

Entresijos financieros

Pérez conoció con detalle el alcance económico de lo que ha trasladado al juez cuando, en su condición de vicepresidenta de la junta directiva del cuerpo facultativo del hospital, accedió a los entresijos financieros de la institución. Esto sucedió hace un año, a causa del expediente de regulación de empleo (ERE) que propuso la dirección del hospital, justificado en el déficit de 18 millones de euros que, en principio, acumulaba el centro. «Hasta el año pasado, el hospital arrastraba deudas, pero no estaba en la situación económica a que ha llegado; no se afectaba a los trabajadores y no se disminuía la actividad asistencial para ahorrar», añadió Pérez. Tampoco se conocía, denuncia ante el juez, la existencia de contratos irregulares a políticos con sueldos astronómicos.

En estos momentos, explicó Pérez, el Hospital de Sant Pau no es propietario de nada, ni de las sillas donde reposan sus pacientes. «Todo su beneficio, patrimonio y legado histórico está a nombre de la Fundació Privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que también preside la MIA, y que es, en realidad, una inmensa inmobiliaria: una financiera privada, con enormes beneficios -aseguró Pérez-. El hospital no tiene nada más que 3.800 trabajadores a su cargo y un déficit que, según la auditora Deloitte se acerca a los 200 millones de euros».

Donaciones de ciudadanos

Esa división económica se inició en 1991, cuando la MIA separó su «condición y razón de ser original», de la actividad sanitaria y de la construcción del nuevo edificio que acoge al hospital. Esa condición original -que unía las aportaciones filantrópicas de los ciudadanos con la actividad médica-, se había iniciado en 1401, con el primer Hospital de la Santa Creu, situado en la calle Hospital de Barcelona, y prosiguió en 1901 cuando el banquero Pau Gil regaló los terrenos que acogen al actual recinto hospitalario.

Desde entonces, la institución, que en el inicio solo presidía el Arzobispado, ha sido beneficiaria de miles de legados económicos e inmobiliarios dejados en herencia por barceloneses agradecidos a la labor sanitaria o piadosa del hospital con el objetivo explícito de que la institución médica creciera y perdurara. «La inmobiliaria que es hoy la fundación privada del hospital acumula más de 800 inmuebles y fincas por toda Catalunya, que fueron donados para potenciar su función sanitaria -prosiguió Pérez-. Tienen fincas rústicas, pisos... y siguen recibiendo donaciones de personas que creen que todo esto beneficia al hospital». La denunciante asegura que la fundación acaba de recibir en herencia otros dos pisos y que en una finca en la Barceloneta están construyendo un bloque de viviendas.

Este patrimonio, concluyó Pérez, pertenece al hospital, ya que a él fue legado. «En este momento, debería estar sufragando sus deudas». El hecho de que no sea así ha motivado su denuncia judicial.

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