19 sep 2020

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La experiencia en los municipios y la red viaria

Catalunya exprime sus limitadas cartas para frenar la prostitución

Los Mossos ya pueden multar a las profesionales y sus clientes en la carretera

Algunas ordenanzas locales han tratado sin excesivo éxito de regular la actividad

MARINA GASCÓ
BARCELONA

Son tres las estrategias principales en las que se apoyan la Generalitat y los municipios catalanes para vetar la prostitución, a pesar de que el Govern no puede declarar legal ni ilegal la actividad (sería competencia del Estado), que no está regulada en España. Para salvar las fronteras competenciales, el Govern y los municipios viajan por vías secundarias en las que sí pueden legislar. La prostitución en las carreteras y en el espacio público de las poblaciones son las situaciones que quieren evitar ambos.

CARRETERAS
Solo en las de titularidad autonómica

Mediante una modificación de la ley de carreteras del 2009, incluida en las leyes ómnibus aprobadas por el Parlament de Catalunya el pasado diciembre, los Mossos d'Esquadra pueden multar a meretrices y clientes que se encuentren en las carreteras de titularidad autonómica, pero no en las que gestiona el Estado, como la N-2, la N-260 o la N-340, en las que abunda la prostitución.

Como la ley de seguridad ciudadana y orden público es una ley orgánica y en España la prostitución no es un delito, la Generalitat se vale de la competencia de la seguridad vial para poder sancionar el ejercicio de la actividad en los arcenes de las carreteras. La Generalitat argumenta que la prostitución puede distraer a los conductores y provocar maniobras imprudentes.

Además, según declaraciones recientes del conseller de Interior, Felip Puig, «la ley no solo evita las posibles distracciones de los conductores, sino que también protege a las prostitutas de ser atropelladas». En opinión de Puig, los dos objetivos de la modificación de la ley están claros: «Se trata de preservar las condiciones para que no haya siniestros y aprovechar esta grieta para expulsar de nuestras carreteras la prostitución».

ESPACIO PÚBLICO
Una estrategia que unifique criterios

El plan de seguridad de Catalunya 2012-2013 de la Generalitat incluye una nueva ley de ordenación del espacio público. La normativa pretende liberar las calles de los municipios catalanes del ejercicio de la prostitución, y así, crear un marco legal que garantice los principios de civismo, urbanidad y convivencia.

De esta manera, la ley unificaría las ordenanzas que se han aprobado en diferentes ayuntamientos durante los últimos años.

ORDENANZAS MUNICIPALES
El conflicto no termina ni con sanciones

Interior también quiere armonizar las ordenanzas municipales con que distintos ayuntamientos intentan poner coto a la prostitución.

Los alcaldes de algunos municipios afectados, especialmente en las comarcas del Baix Llobregat, el Maresme, el Segrià, el Tarragonès y el Alt Empordà, lamentan las limitaciones de la normativa. Según ellos, las sanciones solo han conseguido desplazar la prostitución de las carreteras y ahora temen que la actividad se traslade a los centros urbanos.

Este es el caso de Lleida, donde ya en el 2009 entró en vigor una ordenanza que prohibió la prostitución en las calles con sanciones de hasta 3.000 euros, pero solo provocó el desplazamiento de la actividad a Alcarràs, Torrefarrera y Els Alamús. Estos municipios vecinos tuvieron que adoptar la legislación de Lleida. Pese a todo, la actividad no ha desaparecido por completo del centro histórico de la capital leridana.

Diversas localidades de la provincia de Girona también optaron por multar a clientes y profesionales mediante ordenanzas municipales, pero no ha resultado eficiente porque las chicas se declaran insolventes. El año pasado, La Jonquera (Alt Empordà) tiró la toalla al no conseguir cobrar ninguna de las 300 multas que había impuesto por ejercer la prostitución. Aun así, el consistorio de Vilademuls (Pla de l'Estany) acaba de aprobar una ordenanza que prevé multas de hasta 3.000 euros, mientras que el de Lloret de Mar (Selva) también penaliza esta práctica en las nuevas ordenanzas.