18 sep 2020

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Análisis

Necesitamos terminar con la opacidad

FRANCISCO LONGO

El libre acceso a la información de carácter público es un atributo de calidad de la democracia. En contextos turbulentos como el actual, más todavía. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), «ser transparente durante la implementación de las soluciones a la crisis resulta imperativo para mantener la confianza pública». En España, arrastramos en este campo un retraso considerable.

La Constitución reconoce en su artículo 105.b el derecho a acceder a la información manejada por el Gobierno, pero no disponemos de legislación ordinaria que ampare su ejercicio con la extensión propia de una democracia avanzada. La cuestión crucial es dónde se sitúa la carga de la prueba. Nuestros poderes públicos, apoyándose en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones, vienen exigiendo a quien pretende ejercitar este derecho que pruebe su condición de «interesado» en la información que solicita. Sin embargo, las legislaciones contemporáneas amparan el derecho de cualquier persona a acceder a la información sin más restricciones que las que garantizan el derecho a la intimidad y los intereses, públicos o privados, que deban ser especialmente protegidos. Para salvaguardarlos, son los gobiernos los obligados a exceptuar o clasificar ciertas informaciones, y no los peticionarios quienes deben acreditar circunstancia alguna. Su interés legítimo es inherente a la condición misma de ciudadano.

El retraso resulta un tanto bochornoso. Formamos parte del reducido pelotón de cola de los países de la Unión Europea renuentes a hacer operativo este derecho. Como ha destacado la ONG Access Info, España es el único país europeo de más de un millón de habitantes donde se da esta circunstancia. Sucesivos gobiernos se han dedicado a marear la perdiz con este asunto. De hecho, el programa electoral del PSOE de las legislativas del 2004 prometía ya una ley de acceso a la información que nunca se llegó a materializar. El motivo parece estar en la dificultad de cambiar convicciones e inercias arraigadas en nuestra cultura político-administrativa. Construir una Administración abierta y transparente obliga a entender que la información generada y utilizada por el Gobierno pertenece a la sociedad, y no a los gobernantes ni a las burocracias funcionariales.

Cuentas públicas

El libre acceso a la información pone freno a la corrupción y estimula la aparición de actores sociales dispuestos a vigilar la limpieza de los procedimientos y a exigir que quienes gobiernan rindan cuentas de lo que hacen. Los avances producidos en ciertos campos -tributario o de Seguridad Social, por ejemplo- transparentando la relación gobierno-ciudadano individual, debieran ampliarse cuanto antes a toda la información y extenderse a la ciudadanía en sentido irrestricto. La higiene de nuestra democracia reclama abiertamente el baño de transparencia que los políticos nos vienen escamoteando con buenas palabras desde hace ya demasiado tiempo.