Un proyecto gigantesco
El 'sí' de Adelson a BCN obligaría a una ley a medida como la de Port Aventura
Han pasado 24 años, pero hay algunos argumentos que se repiten. Nuevamente es un inversor norteamericano el que ha puesto la vista en Catalunya, como entonces, e, igual que en 1989, la Generalitat estudia crear una ley a medida para poder acoger su proyecto. Entonces era Port Aventura, hoy es Eurovegas, a la espera de un nombre mejor. La redacción de una legislación que pusiera bajo el mismo paraguas todas las normas urbanísticas y también las condiciones económicas a las que se debería someter es una tarea que el Govern acometerá si Sheldon Adelson se acaba decantando por Barcelona.
Todo apunta a que el magnate de Las Vegas Sands Corporation, como ocurrió con Anheuser Busch (promotor del parque de atracciones de Vila-seca y Salou), deberá someterse a una ley que permita la implantación de un equipamiento tan singular. Si a finales de los 80 fue la ley de centros recreativos turísticos, ahora la norma deberá adaptarse a los nuevos tiempos.
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL / Esta normativa fijaría la edificabilidad máxima de un ámbito que, en el caso del Baix Llobregat, afecta a 800 hectáreas de El Prat, Sant Boi, Cornellà y Viladecans. También señalaría los usos del suelo --residenciales, hoteleros, de servicios-- y los espacios libres y zonas deportivas.
Esta ley supramunicipal incluiría aspectos paisajísticos y medioambientales que desde hace años ya se contemplan en la legislación catalana pero que con Port Aventura se tuvieron que especificar porque entonces no lo estaban. También concretaría asuntos relativos al mínimo de inversión prevista; al número de puestos de trabajo o a los avales bancarios que se tendrían que presentar, entre otros temas económicos.
Cuando la Generalitat tenga el sí definitivo de Adelson también acometerá una reforma de la ley del juego que, a pesar de que en los últimos años ha sufrido una decena de modificaciones por temas horarios o de menores, se ha quedado anticuada. Data de 1984 y sus cambios se aplicarían a todo el sector, que desde que se conoció la propuesta del macrocomplejo han insistido en que no consentirá las excepciones.
POCOS EXTRANJEROS / Y mientras una ley agrupa las condiciones urbanísticas y económicas y otra lo hace con los asuntos relativos al juego, en legislación laboral se mantendrá la básica, sin ninguna modificación ex profeso. Lo mismo ocurrirá con la normativa de extranjería que, además de que compete al Gobierno español, sería de obligado cumplimiento sin prerrogativas.
De hecho, los promotores del complejo de ocio y residencial calculan que el número de trabajadores extranjeros no superará los dos dígitos, dentro de las previsiones de creación de 260.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, se trataría de altos directivos que se ocuparían de la gestión de los equipamientos y de ingenieros. Entre los edificios previstos está la construcción de viviendas para ellos.
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