La fuga radiactiva de Ascó en el 2007 tuvo más extensión de la reconocida

La concatenación de «negligencias» en que incurrieron los responsables de la central nuclear de Ascó en la fuga de partículas ocurrida en el 2007, según la denuncia interpuesta hace un año por la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, pudo tener consecuencias más graves de las reconocidas. La denuncia del fiscal, que no fue accesible en su integridad a la prensa en el momento de su presentación y a la que ahora ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye un informe realizado por Teodoro Abbad, asesor del Ministerio de Medio Ambiente adscrito a la fiscalía, que observa «evidencias inequívocas de que la dispersión existió con más amplitud» de la reconocida por la central. Abbad defiende que «es altamente probable que parte del material radiactivo haya entrado en la cadena trófica [alimentaria]».

El conocido comosuceso de las partículas tuvo lugar el 26 de noviembre del 2007 cuando, según el fiscal, «uno o dos operarios sin experiencia previa en la operación» volcaron 50 litros de agua y lodos radiactivos en la piscina de combustible gastado. Ese líquido salpicó una rejilla de aspiración y se acabó emitiendo partículas a la atmósfera a través del sistema de ventilación. La central admitió haber recogido 1.700 partículas en los diez meses posteriores.

HASTA EL PUEBLO / Abbad sostiene que no se examinó suficientemente «el ámbito potencial que hubiese correspondido» y apunta que «no existe duda de que en cualquier caso se superó la ubicación del talud del Ebro, hubo deposición real sobre el elemento edáfico del sistema agroforestal, las partículas por lavado o por arrastre pudieron llegar al sistema fluvial y es altamente probable que por cualquiera de las vías parte del material radiactivo entrara en la cadena trófica, cuya cúspide es el hombre, a través de plantas, animales terrestres o fauna bectónica o semibectónica». Y agrega que pudo llegar material radiactivo hasta la población de Ascó.

Ante ese relato, el fiscal de medio ambiente, Ignacio Monreal, se declara sorprendido porque en la propuesta de sanción a la central nuclear que hizo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Ministerio de Industria «en ningún lugar se mencione la posible o imposible afectación de campos de cultivo, granjas o animales domésticos ni del río Ebro, que discurre al lado de la central». De hecho, otra de las aportaciones de la denuncia, procedente de un informe que el CSN remitió al fiscal en julio del 2009, es decir, tras la sanción de 15,4 millones que acabó imponiendo Industria a la central, es que 20 meses después del suceso aún seguían apareciendo «algunas partículas en determinadas zonas del emplazamiento». Fuentes del CSN aseguran que esas localizaciones «fueron insignificantes, por eso ni tan solo se tradujeron en un suceso notificable». El organismo regulador añade que su detección fue «fruto del programa de revisión con escáner que se realiza a las personas que entran y salen de la central».

CONTROLES TARDÍOS / Existe aún un tercer punto destacado en la denuncia interpuesta ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Gandesa (Terra Alta), y es el que hace referencia a las pruebas que se realizaron a casi 2.300 personas, entre trabajadores y visitantes de la central, entre los que se contaban alumnos y profesores de centros escolares. En esas pruebas, llevadas a cabo cinco meses después del suceso, no se detectaron indicios de contaminación en las personas. Según el fiscal, sin embargo, las pruebas realizadas a los escolares y a otras visitas «no son del todo idóneas porque no permiten detectar la irradiación externa, salvo la radiación beta del cobalto sobre la epidermis, y en cuanto a la interna, al haberse realizado al menos varias semanas después de la emisión y de la posible ingestión de las partículas, estas habrían sido expulsadas del organismo por vías naturales, tiempo antes, y no sería detectable una posible afectación celular».

VERSIÓN DE LA CENTRAL / Consultada por este diario, la empresa que gestiona la central, Asociación Nuclear Ascó Vandellós, se limitó a declarar: «A raíz de aquel incidente realizamos todos los análisis pertinentes, a partir de los cuales se han desarrollado los planes de acción y de mejora correspondientes, supervisados por el CSN».