Baleares fuerza a las mujeres que aborten a pagar por adelantado

El Gobierno balear del PP ha iniciado el año utilizando el argumento de los recortes o «razones económicas» para hacer caja cobrando 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria y poniendo trabas a derechos reconocidos por la ley como el de abortar. Desde el 1 de enero, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo deben acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas y pagar por adelantado el coste de la intervención. Previa presentación de la factura en los servicios autonómicos, el dinero les será reembolsado después de un periodo de tiempo que la normativa no especifica.

La práctica habitual desde la aprobación de la ley del aborto se basa en acuerdos o conciertos entre las clínicas privadas especializadas y los servicios autonómicos de salud. En Catalunya, dos clínicas de Barcelona acreditadas por la Conselleria de Salut centralizan las interrupciones del embarazo quirúrgicas, por lo que las mujeres que acuden a ellas no deben desembolsar la intervención por adelantado.

SOLO URGENTES Y TERAPÉUTICOS La disposición del Ejecutivo balear ha anulado el concierto existente y establece que desde los centros públicos no se derivarán a los quirófanos privados de manera automática a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Estas deberán contratar con las clínicas particulares y asegurar el pago de la intervención, que antes de las 14 semanas cuesta una media de 500 euros y después, más del doble. También establece que los hospitales de la sanidad pública balear solo atenderán las urgencias y los abortos terapéuticos.

Las organizaciones sociales y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) denunciaron que esta medida supone un retroceso en la prestación del aborto y vulnera el derecho de las mujeres al aborto gratuito. El presidente de ACAI, Santiago Barambio, «constituye una clara rebelión contra la ley, al vulnerar su espíritu y su letra». El portavoz de las clínicas recordó que algo similar ocurrió en Catalunya pero con carácter provisional, hasta que se suscribió el acuerdo marco. «Nos tememos que en Baleares esta irregularidad se convierta en habitual», agregó. La situación de Baleares recuerda la de Navarra donde las trabas

burocráticas obligan a la mayoría de las mujeres a pagarse los abortos.

El Ministerio de Sanidad se lava las manos. Un portavoz dijo ayer que

Baleares está en su derecho de establecer que las mujeres que deseen abortar tengan que abonar la factura antes de la intervención, ya que son las autonomías las que deciden la forma de gestionar el servicio.