De la autonomía local a las fronteras locales

La gestión de la inmigración es un ejemplo de política multinivel. Esto significa que no puede hacerse aisladamente, sino que exige coordinación: tanto horizontal entre municipios, como vertical entre la Administración local y la autonómica. De lo contrario, como sucede ahora en Catalunya, la descoordinación y el uso abusivo de la autonomía localnormalizan, por ejemplo, reacciones contrarias a la libertad de educación: se distribuyen alumnos de forma territorial pero no se exige la revisión de un sistema educativo que permite que ciertas escuelas concertadas y privadas sean auténticos búnkeres contra los inmigrantes.

Esta situación también da cobertura a las reacciones contra la libertad de religión (los lugares de culto se convierten en una forma de negociación con el propio electorado, ignorando a una parte de la población, no votante, que se ve envuelta en un círculo sin salida), lo que provoca que personas de confesión islámica tengan que atrincherarse como en los tiempos de las catacumbas. Incluso la libertad de movimiento se pone en cuestión si se crean cuotas en algunos municipios, por no hablar de los requisitos de empadronamiento a voluntad municipal, o de la concesión de derechos municipales según el tiempo de residencia y el «buen comportamiento» (si es delincuente, se le excomulga como en tiempos de la guerra civil se hacía con los republicanos: la ideología antes, la nacionalidad ahora, como criterio de expulsión).

Estados dentro del Estado

Toda esta dispersión de prácticas locales puede llevar a consecuencias nefastas para el conjunto, puesto que se está construyendo una noción de frontera local. Esto es, que en la distribución de derechos hay fronteras municipales, lo que quiere decir que para el inmigrante las ciudades se convierten en segundos estados dentro del Estado, como una reedición moderna de las ciudades-estado en la antigua Grecia y los tiempos medievales.

La realidad práctica del inmigrante que llega es la siguiente: no solo tiene que pasar la frontera estatal, sino ahora la autonómica (si se le exige un tiempo de residencia para que se le concedan derechos sociales, como está insistiendo, a pesar de las críticas, el Govern) y la municipal. La idea de que existen unasfronteras localessignifica que estamos ante una situación histórica nueva que pone en entredicho nuestras exigencias democráticas de igualdad de derechos y de deberes para todos los que residen en un territorio y de un tratamiento digno. Salirse de esta regla es muy fácil. Mantenerse en ella exige convicciones democráticas muy interiorizadas que impongan unas líneas rojas infranqueables en la gestión de la inmigración.

Ya conocemos las consecuencias del mal uso de la autonomía local aplicada al urbanismo. No permitamos que esta ola especulativa invada a una parte de la población por el simple hecho de que no sonlos nuestros.Debemos pedir al Govern de Catalunya que regule mínimamente las decisiones municipales que rozan una xenofobia silenciosa. Esto significa aplicar un objetivo y un principio claros. El objetivo, velar por la coherencia de las políticas municipales poniendo límites a lo que se puede decidir. El principio, aplicar la subsidiariedad; esto es, que solo se aplique la autonomía local si es un asunto específico y no de todos los municipios, en cuyo caso debería ser gestionado por el Ejecutivo autonómico.

Abono del populismo

Dejar que los municipios obren según su contexto es una forma retórica de desentenderse e irresponsabilizarse por parte del Govern. La acomodación de la diversidad que implica la presencia de los inmigrantes no puede depender de unasoberaníamunicipal. En Catalunya no podemos dejar que la dignidad de los inmigrantes esté en manos de unos gobiernos locales que hacen lo que pueden porque no reciben respaldo ni instrucciones de los gobiernos. Y ya sabemos, en materia de urbanismo, lo que algunos son capaces de hacer en su territorio.

El Govern debe reaccionar institucionalmente ante tan creciente especulación municipal en materia de gestión de la inmigración. Si no, pronto tendremos unas tensiones entre unos municipios que instrumentalizarán electoralmente el tema. Si eso ocurre, será el abono para un discurso populista que, como el especulador financiero, actúa sin un interés público de igualdad: una creciente especulación emocional sin límites en tiempos de incertidumbre generalizada sobre nuestras propias vidas y las de nuestras familias puede quebrar nuestra débil maquinaria democrática.

Estamos en una crisis económica, y en pocos años puede haber una crisis de nuestra democracia como forma de organización social si ahora no se toman medidas correctoras. Lo que se haga y lo que ocurra aquí sirve de referencia para lo que se puede y lo que no se debe hacer en otras comunidades autónomas. Actuar con visión anticipativa de futuro dadas las exigencias de la inmediatez es una lógica de alcance estatal que el Govern debería liderar, siendo como es referencia para otras comunidades.