28 nov 2020

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TRAS EL FALLO DEL CONSTITUCIONAL SOBRE EL ESTATUT

El TSJC da dos meses a Ensenyament para que el castellano sea lengua vehicular en la escuela

El tribunal pide que se ejecute la sentencia del Supremo dictada en diciembre del 2010

La resolución puede recurrirse, pero, en principio, no suspendería la ejecución de la sentencia

J. G. ALBALAT / Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado dos meses de plazo a la Generalitat para que aplique las medidas necesarias para que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas en aplicación de la sentencia de diciembre del 2010 del Tribunal Supremo.

El auto, del que ha informado hoy el TSJC, puede ser recurrible ante la sala contencioso-administrativa de este tribunal, pero la impugnación no suspendería de forma automática la ejecución de la sentencia a no ser que el propio TSJC lo acordara así, a instancia de alguna de las partes.

El fallo del Supremo apremiaba a la Generalitat a adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya, junto al catalán.

Plazo de dos meses

El TSJC ya informó a Ensenyament de que disponía de 10 días para informarle de las medidas que había adoptado para cumplir la sentencia del alto tribunal. La consellera, Irene Rigau, envió un informe con los datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en la educación. En su conclusión, el análisis abogaba por mantener el actual sistema para "garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales". Rigau consideraba asimismo que un cambio del modelo alteraría la normalización lingüística de la sociedad catalana.

El tribunal catalán, considera "insuficiente" la presentación del escrito en relación a lo que demandaba el Supremo, motivo por el que concede un plazo máximo de dos meses para que la Generalitat para aplicarlo, dada la "complejidad" que supone adaptar su sistema educativo a la sentencia.

El auto del TSJC obliga a la Generalitat a informarle de las medidas adoptadas, una vez transcurrido el plazo de dos meses, y advierte de las "consecuencias legales" que puede suponer el incumplimiento de este auto. La ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia, según informa Efe.