COMPARECENCIA DE DOS 'CONSELLERS' En EL PARLAMENT

El Govern lleva tres meses sin dar nuevas rentas mínimas

Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya en Barcelona.

Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya en Barcelona.

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

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Decenas de expedientes de personas que solicitan ser dadas de alta en el programa de la renta mínima de inserción (RMI) descansan en un cajón desconocido. Llevan uno, dos, tres meses paralizados, algunos incluso más, y, tal y como están las cosas, no parece que vayan a salir pronto del olvido. Al menos mientras la Generalitat siga revisando los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la ayuda. Tras cada una de estas solicitudes -es difícil calcular cuántas son- hay una persona, una familia, que no percibe ningún ingreso y que, en la mayoría de los casos, reúne las condiciones para ser perceptora. Hay situaciones que se remontan incluso al pasado mes de marzo, aseguran algunos trabajadores sociales del área de Barcelona.

«Algunas organizaciones sociales han comunicado que al menos desde junio, el Govern no ha aprobado ninguna nueva solicitud de renta mínima», confirma Teresa Crespo, presidenta de las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), asociación que agrupa a 85 organizaciones. Crespo, que también preside el Consell Assessor per a Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat, teme que la modificación introducida por el Govern en la última ley de presupuestos afecte a los expedientes de RMI en lo que queda de año. «Si las nuevas ayudas dependen de una partida presupuestaria que, según dice la propia Generalitat, ya se está agotando, no veo cómo lo van a hacer para seguir dando de alta nuevos expedientes», observa.

LA HORA DE LAS EXPLICACIONES / La cuestión queda sobre la mesa, a la espera de las explicaciones que puedan ofrecer hoy en el Parlament losconsellersresponsables de la gestión de la RMI, el titular de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries -que ya ha pedido disculpas públicas por las molestias ocasionadas a los receptores durante este mes de agosto- y el de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena.

De todos modos, los trabajadores del tercer sector tienen la impresión de que «estas solicitudes van a quedarse en el limbo durante bastante tiempo», indica Pilar Aguilar, de la fundación Institut de Reinserció Social (Ires). La sospecha la confirman asistentes sociales de El Prat de Llobregat y de Sant Boi, que desde mayo han tramitado una decena de peticiones de alta para la renta mínima sin que, hasta el momento, la Generalitat les haya dado respuesta. «De hecho, parece que la comisión interdepartamental de la RMI, el organismo que debe decidir sobre los expedientes, no se reúne desde hace un tiempo», apunta una trabajadora del Baix Llobregat.

PROCESO MÁS LENTO / La única explicación al respecto que hasta ahora ha dado del Govern son las declaraciones hechas el pasado 9 de agosto por el secretario general de la Conselleria d'Empresa i Ocupació, Enric Colet, quien aseguraba que «a partir de ahora, la Generalitat será mucho más estricta con los nuevos expedientes». Colet admitió que «el proceso de concesión de altas en la renta mínima va a ser, por lo tanto, más lento». Fuentes de este departamento no pudieron confirmar ayer si las ayudas están efectivamente congeladas, como afirman las entidades sociales, o si solo se ha ralentizado la aprobación de nuevas altas.

Pero lo que más preocupa a quienes trabajan en el sector es que las ayudas queden definitivamente paralizadas hasta finales de año porque se hayan agotado ya los 130 millones de euros que la Generalitat había destinado a este concepto. La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, aseguraba el miércoles en un comunicado haber «tenido conocimiento de que la Generalitat estudia desestimar automáticamente por falta de presupuesto las solicitudes registradas a partir del 1 de julio».

La afirmación coincide con las sospechas lanzadas a principios de agosto por algunos partidos políticos de la oposición, que aseguraron que la comisión interdepartamental de la RMI había comunicado, en una nota interna, que ya no hay dinero en las arcas autonómicas para ampliar la lista de receptores de la RMI. El rumor fue desmentido de inmediato por la Generalitat, que negó haber dado instrucciones para que no se aceptaran nuevas altas.

Otro de los temores de los trabajadores sociales es que a los expedientes pendientes «se les apliquen los nuevos criterios, mucho más severos que los que había hasta ahora», indica Aguilar. Entre otras condiciones, el Govern incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2011 la obligación de que los beneficiarios acreditaran un mínimo de dos años de residencia en Catalu-

nya y que el importe máximo a percibir no superara el salario mínimo interprofesional, fijado en 640 euros

mensuales.