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consecuenciaS DE LOS SUCESOS DE LA CIUTADELLA

Resaca pesada sin autocrítica

Los indignados discrepan sobre la violencia y los políticos demoran interrogarse sobre la desafección ciudadana

Luis Mauri

Tiempo de resaca pesada en Catalunya. Los indignados, la clase política y buena parte de la ciudadanía intentan digerir el empacho del asedio al Parlament y el hostigamiento a los diputados. ¿Qué reflexiones, qué enseñanzas, qué conclusiones han extraído manifestantes y políticos de los sucesos de la Ciutadella? ¿Puede marcar este episodio un antes y un después en la trayectoria del movimiento del 15-M? ¿Y en la forma de interpretar la protesta por parte de los partidos? ¿Son recuperables las cuotas de simpatía popular perdidas el miércoles por los activistas?

Vayamos por partes. Primero, los indignados. Si bien solo una minoría hostigó a los diputados, todos participaron en el intento de impedir el funcionamiento de la Cámara democrática. Ayer, el efecto de la resaca en el seno del movimiento era tan agudo que los activistas fueron incapaces de ofrecer un juicio común sobre los sucesos de la jornada del miércoles. Las discrepancias internas forzaron a media tarde la cancelación de una conferencia de prensa de evaluación de la protesta.

Las bases de la indignación

Los distintos sectores comparten la premisa de que los actos violentos del miércoles han sido magnificados y manipulados por los partidos y los medios de comunicación para desautorizar al movimiento y restarle apoyo social. Más aún, para desacreditar las propias bases de la indignación ciudadana: la ruina general causada por la codicia insaciable del capital financiero, la impunidad de los causantes de la crisis, la sumisión de los gobiernos a los mercados, los recortes de los servicios sociales.

Más allá de este punto, sin embargo, las diferencias se ahondan entre los que apuestan sin ambages por el uso de la violencia como respuesta a un sistema por el que se sienten agredidos y excluidos, y los que, compartiendo el mismo diagnóstico, defienden que el movimiento no se puede apartar ni un milímetro de su compromiso fundacional con la vía pacífica.

Estos últimos, mayoritarios, entienden que la protesta necesita dotarse de una mínima organización (servicio de orden, servicio de prensa...) para protegerse de los descontrolados y los violentos, cuyas acciones minan la simpatía popular que había cosechado el movimiento.

Con todo, no son estas las únicas respuestas en el seno de los indignados. Entre uno y otro extremo bullen numerosos grados intermedios. El asamblearismo, que tanto contribuyó a la rápida extensión del movimiento, se erige en escollo a la hora de concretar con cierta rapidez y eficacia el desarrollo estratégico de la protesta.

En el campo político, el efecto de la resaca no es menor. Los partidos no parecen sentirse instados a interrogarse sin la habitual y enrevesada prosopopeya sobre su propio papel en el descalabro de la confianza ciudadana en el sistema político.

La estupefacción, la desorientación y la parálisis son más evidentes entre las formaciones de izquierda; no en vano los indignados son -o habrían sido en otros tiempos- su público natural.

ICV se lamenta de que buena parte de las demandas concretas de los activistas (dación en pago de la hipoteca, reforma de la ley electoral...) han sido defendidas, aunque sin éxito, por los ecosocialistas en los parlamentos donde tienen representación. Y el PSC, en plena fase precongresual, discutirá por enésima vez una propuesta de reforma electoral para abrir las listas.

Pero en el asunto de la ley electoral, los partidos catalanes no gozan de crédito: el Parlament ha sido incapaz de dotarse de una norma propia en sus más de 30 años de vida.

Cargando las tintas

A falta de una voluntad evidente de sumergirse de lleno en las causas reales de la desafección política, los partidos, el Parlament y el Gobierno catalán se centraron ayer en la reiteración de la condena del hostigamiento a los diputados y el intento de bloqueo del Parlament, y en el inicio de las acciones de persecución judicial de los violentos.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su conseller de Interior, Felip Puig, cargaron las tintas. Mas no se privó de equiparar los sucesos de la Ciutadella con la kale borroka o violencia callejera proetarra en el País Vasco. Puig remachó la declaración del president alertando contra el surgimiento en Barcelona de un germen de «guerrilla urbana» alentado por «una minoría violenta cada vez mayor, más agresiva, mejor organizada y que hace un uso intensivo de las nuevas tecnologías».

El miércoles, ante el Parlament, hubo actos violentos muy reprobables, en efecto. Algunos de ellos probablemente son constitutivos de delito, circunstancia que ya investiga la Fiscalía. Pero cualquier observador objetivo que conozca la kale borroka que ha azotado durante años al País Vasco u otras experiencias, locales o foráneas, de guerrilla urbana concluirá sin ningún género de dudas que las definiciones del president y de su conseller de Interior caen de lleno en el terreno de la hipérbole.

Otra cosa es que el Gobierno catalán pueda estar interesado en reducir el incómodo movimiento de los indignados a un problema de orden público. Así lo afirman los propios activistas y numerosos intelectuales afines al movimiento.

En esta guerra de propaganda, los indignados tampoco se quedan mancos. Prueba de ello es la circulación masiva en internet de un vídeo en el que aparece un grupo de agentes de los Mossos camuflados entre los manifestantes frente a la Ciutadella. El vídeo se presenta como la prueba de que los policías infiltrados fueron los que provocaron y alentaron la violencia. Nada más lejos de la verdad. En el vídeo los agentes no alientan ningún acto de violencia; de hecho, lo único que se les podría reprobar es su pésima, nula habilidad para el camuflaje.

Más leña para la propaganda, ahora del lado gubernamental. Ya la víspera de los sucesos y previendo lo que podía suceder, el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, deslizó convenientemente a algunos periodistas que un bloqueo de la Cámara catalana sería el atropello más grave a un Parlamento desde el golpe fallido del 23-F.

El dirigente nacionalista no debió de buscar con suficiente meticulosidad en su memoria. El 30 de mayo de 1984, mientras el Parlament investía por segunda vez a Jordi Pujol como president, decenas de miles de personas convocadas por Convergència abarrotaron la Ciutadella para apoyar a Pujol, acusado por el fiscal del Estado en el caso Banca Catalana, y para insultar a los diputados socialistas. El servicio de orden convergente, no los Mossos, tomó las riendas de la seguridad. El entonces líder del PSC, Raimon Obiols, fue agredido con objetos, golpes e insultos en la misma puerta del Parlament: «Mateu-lo! Mateu-lo!», vociferaba el gentío a su paso.

Videocomentario y fotogalería en

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Temas: Indignados

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