Las protestas 2.0

Mas subraya que no es lo mismo estar indignado que ser indigno

El Parlament replicó a los manifestantes con una declaración unitaria de condena

La protesta se siguió desde el Congreso, donde los grupos y el Gobierno la reprobaron

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ALBERT OLLÉS / BARCELONA
PILAR SANTOS / MADRID

Conscientes de que acababan de vivir una situación inédita desde la recuperación de la democracia, los grupos del Parlament escenificaron ayer un frente unitario poco habitual para condenar la actitud de los manifestantes. Una vez superado el susto por el accidentado inicio de la sesión plenaria ante las dificultades para acceder al edificio del parque de la Ciutadella, los responsables de todos los grupos de la Cámara pactaron una declaración institucional en la que rechazaron las «agresiones y coacciones sufridas por los representantes del pueblo catalán».

«Nada ni nadie puede parar el trabajo de un Parlamento democrático como el nuestro. El sistema garantiza la defensa de planteamientos ciudadanos de acuerdo y de discrepancia política dentro y fuera del Parlament, pero nunca desde la coacción y la violencia», concluía la nota.

La presidenta de la institución, Núria de Gispert, fue la encargada de leer la declaración, acordada en una reunión extraordinaria de la junta de portavoces, presidida por Artur Mas. El jefe del Govern quiso añadir a esta iniciativa una declaración institucional en la que antepuso también la trayectoria democrática del Parlament y la legitimidad de sus diputados al intento de «boicot» organizado a las puertas del parque.

JUEGO DE PALABRAS / Mas utilizó un juego de palabras para reprochar a los manifestantes las formas de su protesta. «Entiendo que haya mucha gente que pueda estar indignada, pero eso no es lo mismo que actuar con indignidad», dijo. El president pidió a los promotores de la marcha que fueran «consecuentes» e hicieran una «reflexión» tras haber traspasado las «líneas rojas». «Antes que ellos, ha habido mucha gente que ha dado su vida para que hubiera un Parlamento en Catalunya. Tanto esas personas como la historia del país merecen un respeto», añadió.

Los líderes de la oposición cargaron en bloque contra la actitud «intolerable» de los indignados y evitaron analizar -de momento- el dispositivo policial, que no pudo garantizar inicialmente su acceso al Parlament, para evitar una imagen de división. «Ahora toca condenar la violencia. Nadie tiene derecho a impedir que el resto diga lo que piensa», resumió el presidente del grupo del PSC, Joaquim Nadal. La máxima responsable del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que hay «un antes y un después» del movimiento cívico del 15-M.

Los altercados se siguieron con atención desde el Congreso de los Diputados, donde ayer había sesión de control al Gobierno. Todos los grupos condenaron con rotundidad los ataques a los diputados y lamentaron lo sucedido. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo por boca de un portavoz que está «en contra de cualquier manifestación de violencia que impida el ejercicio de derechos, venga de donde venga». Ese portavoz aclaró así el «no» seco que Zapatero había dado a su llegada a la Cámara baja, a las nueve de la mañana, cuando la prensa le preguntó si estaba preocupado por la «deriva» de los indignados, en referencia a la acampada en la Ciutadella. El presidente, dijo este colaborador, había entendido que le pedían su opinión sobre las repercusiones electorales de las protestas.

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DELITO / Aclarado el entuerto, la repulsa de la violencia también encontró eco en el presidente del Congreso, José Bono. La máxima autoridad del Congreso defendió que, en estas circunstancias, está justificada la utilización de la fuerza por parte de la policía para conseguir que se respeten «los derechos de todos». «Entre otras cosas, eso es un delito. Sea políticamente correcto o no, se interprete bien o mal, el único imperio que hay en un Estado de derecho es el de la ley y los indignados tienen que cumplirla», declaró en los pasillos del entorno del hemiciclo.

Aunque sin ser tan claro y directo, también el presidente del PP, Mariano Rajoy, reclamó una actitud más activa de las fuerzas de seguridad. En una declaración leída y sin posibilidad de preguntas, Rajoy dijo que «la prudencia no puede convertirse en pasividad». «Pido respeto a la ley, a los derechos individuales, a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, y pido a las autoridades que tengan en cuenta eso», declaró a su llegada al lugar donde el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, iba a pronunciar una conferencia.

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