CONSECUENCIAS DE LA PROHIBICIÓN DE LAS MAnifestaciones

La Junta Electoral Central empuja al Gobierno a poner fin a la protesta

Rubalcaba tendrá que decidir ahora si disuelve o no las concentraciones en caso de prolongarse

El organismo alega que la movilización viola la ley porque pide que no se vote a determinados partidos

Vista general de la plaza de Catalunya de Barcelona, tomada por cientos de indignados, anoche.

Vista general de la plaza de Catalunya de Barcelona, tomada por cientos de indignados, anoche. / FERRAN NADEU

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JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

Más o menos a la misma hora en que los miembros de la Junta Electoral Central (JEC) tomaban ayer asiento para su larga deliberación, en la puerta del Sol de Madrid pasaban muchas cosas. Un mariachi cubano llamado Rogelio Betancourt, obrero en paro, le decía a su banda, que actúa desde hace meses en el kilómetro cero a cambio de la voluntad de los peatones, que le esperasen un momento porque quería firmar el manifiesto de la protesta. Un grupo de edades diversas discutía con pasión sobre las diferencias entre el voto en blanco y el nulo. Y otro corro de gente más joven explicaba el mecanismo para que los acampados elevasen sus propuestas. Seis horas y media después, a las once y media de la noche, la JEC, en una decisión ajustadísima -cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención- mandó parar. La manifestación convocada para el día de reflexión fue declarada ilegal.

Ahora la pelota, para regocijo del PP, está en el campo del Gobierno. Tendrá que decidir entre acatar el fallo de la JEC con todas sus consecuencias hasta el punto de forzar la disolución de posibles concentraciones o, como hizo la noche del miércoles en Madrid, limitarse a pedir a través de la policía que no se formen grupos, advirtiendo de que se puede cometer un delito electoral.

Las protestas, hasta el momento, han transcurrido de forma pacífica, pero el Ministerio del Interior, informa Margarita Batallas, teme que grupos violentos aprovechen esta convocatoria para «romperla desde dentro». Las consecuencias de algo así, en un lugar como la plaza madrileña, pueden ser imprevisibles. «La puerta del Sol es una ratonera», explicaron fuentes gubernamentales.

POSIBLE FACTURA / Si los indignados deciden concentrarse pese al veto e Interior disuelve la manifestación, el PSOE se expone a una elevada factura electoral, dadas las simpatías que la movilización ha despertado. Las palabras del vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indican que las fuerzas de seguridad no emplearán mano dura. La policía, dijo ayer por la mañana, «busca resolver los problemas y no crear más». Hay un precedente: el 13 de marzo del 2004, cientos de ciudadanos salieron a la calle y se agolparon ante distintas sedes del PP exigiendo «la verdad» sobre el 11-M. La diferencia es que entonces todo sucedió de forma más espontánea y la JEC no decidió previamente, sino que se vio obligada a advertir a los protagonistas de esas protestas sobre la marcha, en plena jornada de reflexión tras una reunión de urgencia. La policía no actuó contra los manifestantes.

BCN COBRA FUERZA / Antes de conocerse el fallo, los acampados habían dicho que daba igual lo que decidiera el organismo. La JEC no era quién para imponerles nada. A las ocho de la tarde había varios miles de personas en Sol, los metros cuadrados de mayor importancia política en estos momentos pese a los cientos de mítines que se celebran cada día por todo el Estado. En la plaza de Catalunya eran menos, pero también llegaron a los miles. Hubo una enorme cacerolada, que se extendió por los barrios de Barcelona. Poco a poco, la movilización en la capital catalana, tibia en un primer momento, va cogiendo fuerza.

«¡Queremos ver cómo está el ánimo para una marcha el sábado!», dijo en Madrid un portavoz.

Aplauso cerrado. La manifestación quedó convocada, pero después, cuando llegó el fallo, hubo un replanteamiento. La decisión de la JEC fue acogida con gritos de «¡insumisión, insumisión!». Sin embargo, los indignados decidieron al final que no convocarán la marcha, pero tampoco pedirán que no se acuda a las plazas de toda España. La tesis es que la cada uno puede hacer lo que quiera.

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«En el presente caso, esta Junta estima que, con independencia de la calidad de los sujetos, la petición de emisión de voto a favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral, y la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto, es un comportamiento no acorde con la ley y que excede del derecho de manifestación garantizado constitucionalmente», considera la JEC. Como en el fallo del Tribunal Constitucional sobre Bildu, la decisión fue ajustadísima. Traerá polémica.

MOVIMIENTO IMPREVISIBLE / Es probable que este difuso, heterogéneo e incontrolable movimiento en contra de la banca y los partidos mayoritarios decaiga tras el 22-M, al menos hasta que se acerquen las elecciones generales, pero por el momento ya ha conseguido sacar a la superficie dos realidades que estaban casi fuera del debate: el elevadísimo paro juvenil -superior al 43%- y el enorme descrédito de la clase política. Y se ha convertido en el asunto más importante del actual periodo electoral, incluso más que antes lo fueron la legalización de Bildu o el fondo de competitividad catalán. Lo cual, por otra parte, dice mucho sobre el nivel de esta deslucida campaña autonómica y municipal.

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