apertura de diligencias

La fiscalía reclamará los datos de la contaminación en Barcelona

La neblina causada por la contaminación en el área metropolitana de Barcelona, vista desde Santa Coloma de Gramenet, el pasado lunes.

La neblina causada por la contaminación en el área metropolitana de Barcelona, vista desde Santa Coloma de Gramenet, el pasado lunes.

J. G. ALBALAT / ELISEO OLIVERAS / Barcelona / Bruselas

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La Fiscalía de Barcelona abrirá diligencias de investigación sobre los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad de Barcelona y reclamará a las administraciones las mediciones de la polución y los programas existentes para mejorar la calidad del aire. Pretende así determinar si la contaminación supera lo legalmente establecido. El siguiente paso será estudiar si se puede hacer algún tipo de acción judicial.

Para ello hay, al menos, tres vías: reclamación patrimonial al Estado (si se comprueba que se ha producido un daño y la Administración es responsable), contencioso-administrativa (obligar a tomar medidas correctoras) y penal (si hay indicios de delito). Las pesquisas se centrarán en la ciudad de Barcelona, con lo que queda al margen la polémica sobre la modificación de los 80 km/h en los accesos.

La acumulación de incumplimientos de la directiva sobre calidad del aire ha colocado además a España en el punto de mira de la Comisión Europea, antes incluso de que la superación en el 2010 de los límites de contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid añada una nueva infracción del derecho comunitario en esta materia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha comenzado a tramitar una denuncia contra España formulada por la Comisión el pasado 24 de noviembre por no respetar los límites de micropartículas gruesas en suspensión (denominadas PM10) en diferentes zonas del país, ni adoptar medidas efectivas para reducir los niveles de contaminación. Estas partículas son emitidas por la industria, el tráfico y las calefacciones y contribuyen a desarrollar problemas de asma y cardiovasculares, cáncer de pulmón y muertes prematuras, según el Ejecutivo comunitario.

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