La ley multará con hasta medio millón a los discriminadores

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación, que prevé sancionar con hasta medio millón de euros a particulares, empresas y administraciones que la infrinjan en el ámbito laboral, el educativo, los transportes, la sanidad o el acceso a la vivienda. La futura norma establece que cualquier persona no solo no podrá ser discriminada «por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social», como recoge el artículo 14 de la Constitución, sino que la protección se amplía a todas las definiciones en materia de discriminación que existen en la UE, como orientación sexual, aspecto, apariencia física, obesidad, fealdad, enfermedad (tener sida, por ejemplo), piel oscura y discapacidad.

Según el último Eurobarómetro, el 15% de los españoles han sido víctimas de casos de discriminación por pertenecer a una etnia, ser discapacitados u otras razones, y el 30% dice haber sido testigos de casos.

CARGA DE LA PRUEBA INVERTIDA La futura norma, que el Ejecutivo prevé que entre en vigor en el 2012 «para que nadie se sienta humillado», regulará invirtiendo la carga de la prueba. Es decir: cuando haya indicios de rechazo tendrá que ser el acusado el que demuestre que su conducta fue correcta y que no marginó. Por ejemplo, un banco que no conceda un préstamo a un inmigrante en condiciones objetivas de obtenerlo -contrato fijo, nómina alta- tendrá que demostrar ante los tribunales, si el inmigrante sospecha que ha habido un trato discriminatorio, que había motivos objetivos para no darle el crédito.

También serán penadas las discriminaciones indirectas, múltiples y asociadas. Ejemplos: las que puede sufrir una mujer que además es discapacitada o una madre trabajadora que no es contratada porque tiene hijos y se presupone que faltará mucho al trabajo.

AUTORIDAD ESTATAL La ministra de Sanidad, Leire Pajín, explicó que la ley creará una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato, que prestará asistencia a los discriminados y, entre otras atribuciones, promoverá la mediación entre las partes en conflicto para lograr que el daño sea reparado. Pero será el ciudadano quien tendrá que presentar la denuncia para pedir que se abra un expediente sancionador y se cumpla la ley.