Privatización del control y centralización europea

El Gobierno ha anunciado que sacará a concurso la gestión del control del tráfico aéreo. A la espera de conocer más detalles de esta medida, parece que puede tratarse de una contratación externa en la que la gestión quede en manos de empresas externas (públicas o privadas), pero la responsabilidad del funcionamiento del servicio siga en manos del Ministerio de Fomento. Es difícil que se vaya más allá en la privatización, pues hay pocos ejemplos a nivel internacional.

El recurso a la contratación externa de servicios públicos es bastante habitual en el ámbito de las administraciones públicas, particularmente las de ámbito local. Cuando se trata de servicios donde no es posible la competencia, como es el caso del control del tráfico aéreo, la contratación externa puede suponer una mayor eficiencia en la prestación del servicio si la adjudicación del contrato se establece mediante un concurso o subasta donde distintas empresas presenten ofertas diferenciadas.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa probablemente las mejoras de eficiencia puedan conseguirse principalmente mediante una reducción de los salarios que cobran los controladores aéreos. Debe tenerse en cuenta que la Unión Europea está imponiendo progresivamente la llamada política de cielo único a todos sus países miembros, lo que implicará una creciente unificación de las diferentes regulaciones y procedimientos que cada país aplica. En un sector de tal complejidad y trascendencia -y, por tanto, con un nivel de regulación tan detallado- es difícil que las empresas privadas puedan aportar una mayor eficiencia, excepto probablemente en la gestión de los recursos humanos.

El anuncio de la contratación externa del control del tráfico aéreo se realiza en el contexto de la privatización parcial de AENA, una empresa dependiente del Ministerio de Fomento que hasta ahora ha aglutinado las funciones de control de ese tráfico y de gestión de las instalaciones de los aeropuertos en tierra. Esto es una anomalía en el contexto europeo, pues es habitual que la gestión del tráfico aéreo esté separada de la de las instalaciones. En la reforma en marcha se prevé la separación de ambas actividades, por lo que en principio debería analizarse de forma separada el conflicto con los controladores aéreos y la privatización parcial de la gestión de las citadas instalaciones en tierra.

Así como la gestión de las instalaciones aeroportuarias debería hacerse de forma individual, ya que la relación entre aeropuertos viene determinada únicamente por las redes que tejen las compañías en el aire, la solución a los problemas de control del tráfico aéreo podría venir por la centralización de la gestión a nivel europeo. La divergencia de regulaciones entre países genera ineficiencias, la fuerza negociadora de los controladores es mayor a escala nacional y es obvio que en el cielo no hay fronteras. A la larga, probablemente esta sería la mejor manera de resolver el conflicto con los controladores.