ARTE

Clausurada una exposición en que se sacrificaban grillos

Ismael Alabado, delante de los grillos pegados en la pared que formaban parte de su instalación.

Ismael Alabado, delante de los grillos pegados en la pared que formaban parte de su instalación.

CARLOS ORTIZ / Cáceres

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El artista plástico Ismael Alabado (Madrid, 1976) quiso representar la fugacidad de la vida y pegó con silicona 1.000 grillos vivos en las paredes de una sala de exposiciones de Cáceres. La idea era que se fueran muriendo paulatinamente para que los visitantes reflexionaran sobre lo transitorio de la existencia. La muestra abrió el pasado viernes, pero la agonía de los insectos suscitó más controversia que reflexión. El propio presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió ayer la retirada de la obra. Horas después, la instalación quedó clausurada.

La decisión correspondió a los 19 artistas que participaban junto con Alabado en la exposición colectiva que acogía la sala Habana Espacio Libre. Presionados por la polémica desatada y por la posibilidad de que la Consejería de Agricultura impusiera una multa de 15.000 euros por «infligir sufrimiento gratuito a los animales en su uso como espectáculo artístico», los creadores optaron por cerrar la estancia en la que se exhibía la instalación de los grillos.

Alabado era contrario a esta medida y apelaba a la libertad de creación para defender su «concepto orgánico» del arte. «He querido transmitir que cada día es el principio del fin», proclamaba. Su obra, en la que otros 4.000 grillos agonizaban en cajas, se benefició de ayudas procedentes de la candidatura de Cáceres a la capitalidad cultural europea del 2016, que sin embargo luego también se pronunció a favor de la cancelación de la muestra.

El problema para Alabado, que asegura que estos insectos no pueden sufrir por la simpleza de su sistema nervioso, fue que el chirrido de la polémica resonó más que el de los infortunados grillos. Organizaciones ecologistas denunciaron la instalación al poco de su apertura, lo que llevó a la Guardia Civil a examinar la obra in situ y a la Consejería de Agricultura a amenazar con una sanción que es la que a la postre ha motivado el cierre.