Todas las comisarías de los Mossos tendrán cámaras interiores en julio

Una red de comisarías sin zonas de sombra para evitar maltratos policiales y disuadir a aquellos detenidos tentados de presentar denuncias falsas. Este era el objetivo cuando en el 2007 la Conselleria d'Interior inició el proyecto de colocar cámaras en todas las dependencias por donde transitaran detenidos por los Mossos d'Esquadra. Ese proyecto se habrá completado dentro de dos meses, en julio, cuando se habrán instalado cámaras y equipos de grabación en las celdas, zonas comunes, pasillos, salas de interrogatorios y salas de registro de todas las comisarías de los Mossos. Sin embargo, los resultados ya están aquí. Desde que se comenzaron a instalar cámaras y equipos de grabación, la cifra de denuncias de malos tratos en dependencias de la policía catalana ha descendido a cero.

Por el momento ya se han instalado 2.294 cámaras y quedan por colocar otras 298. En total, habrá 2.592 cámaras, de las que 1.138 estarán en el interior de las celdas. Los únicos lugares donde no hay cámaras son los locutorios de los detenidos, pues allí hablan con sus familiares y abogados, y los aseos de las celdas.

DOS MILLONES DE EUROS

La instalación generalizada de cámaras, una vieja reivindicación de colectivos de defensa de derechos humanos y de los sindicatos policiales, se aceleró a raíz de la multiplicación de acusaciones de detenidos contra mossos por malos tratos.

En total, la compra del material y su instalación va a costar más de dos millones de euros. Solo la colocación de cámaras en la comisaría de Les Corts, tristemente famosa por ser el escenario de algunos de los casos de abuso más sonados, costó 140.000 euros. De hecho, cada cámara cuesta 320 euros y el equipo y servidor de grabación, unos 6.500.

CONSENSO SOBRE LA MEDIDA

Aunque en un principio generó polémica, la instalación de las cámaras es hoy aplaudida por la mayoría de implicados. Para los mandos policiales, el hecho de que quede constancia gráfica de todo lo que ocurre desde que un detenido entra en una comisaría es "una garantía".

"Se garantiza la transparencia", señala Joaquim Belenguer, comisario jefe de la región policial metropolitana de Barcelona. En su opinión, la colocación de cámaras en las celdas "permite un mayor seguimiento de los detenidos, y se puede detectar de forma inmediata si hay un intento de autolesión". Eso, según Belenguer, "ha tenido un efecto tranquilizador en los policías, pues ante cualquier denuncia de un detenido hay una información veraz de lo ocurrido".

Aunque reconoce que en un principio parte de los Mossos tomaron las cámaras por "una herramienta de supervisión", este comisario señala que ahora las perciben como un testimonio fiel de lo que ocurre. Incluso tienen efecto balsámico en algunos detenidos violentos. "Hacerles saber que les graban suele generar que algunos comportamientos de rechazo desaparezcan", dice.

Por su parte, Valentí Anadon, portavoz del SAP-UGT, el sindicato mayoritario entre los Mossos, destaca que la instalación de cámaras "era una antigua reivindicación sindical, pues es la manera de evitar las denuncias falsas contra agentes". "Nosotros apostamos por la transparencia y de hecho no nos importaría que se colocaran cámaras en todos los coches policiales, pues esto les protege de denuncias falsas", señala, aunque lanza un aviso: "Lo que pedimos es que todas las cámaras deben estar correctamente señalizadas. No obstante, la colocación de cámaras en las zonas de registro nos plantea dudas sobre si no se está violando la intimidad del detenido, pues en ocasiones en ese lugar se llegan a quedar en ropa interior".

Jaume Asens, vocal de la Comissió de Defensa del Col.legi d'Advocats de Barcelona, destaca el "clarísimo efecto positivo la desaparición de denuncias que han tenido las cámaras".

Con la instalación de cámaras, la Conselleria d'Interior ha seguido la senda iniciada en el 2005 por la Ertzaintza. Esa medida contrasta con las reticencias del Ministerio del Interior a instalar cámaras en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. De hecho, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) llevan años pidiéndolas.