La intoxicación por cocas de Sant Joan en Torroella, a juicio

La intoxicación que en el año 2002 afectó a 1.435 personas tras consumir cocas de Sant Joan elaboradas por la pastelería Gusó de Torroella de Montgrí llega hoy a juicio. La vista se celebra después de que, en el 2005, una juez de La Bisbal d'Empordà decidiera archivar la causa por vía penal, al considerar que no se había podido determinar cómo se produjo la contaminación por salmonela en la crema de las cocas. Las acusaciones y el fiscal recurrieron y, a principios de este año, la Audiencia de Girona ordenó reabrir el caso en un juicio de faltas, lo que permitirá a los afectados reclamar una indemnización.

La intoxicación alimentaria de mayores dimensiones registrada hasta ahora en Catalunya obligó a prestar atención médica a 1.435 personas, 117 de las cuales tuvieron que ser hospitalizadas. La mayoría de los enfermos eran vecinos de la población, pero también hubo afectados de otras 70 localidades cercanas, así como de Barcelona, Cáceres, A Coruña y una docena de provincias más. Los turistas extranjeros tampoco se libraron de la gastroenteritis y hubo intoxicados de nueve nacionalidades distintas.

Tras el suceso, se presentaron 467 denuncias, y en el proceso también se personó el Servei Català de la Salut (SCS). El caso fue a parar a la vía penal y, además del propietario de la pastelería, Josep Gusó, también fueron imputados los responsables de las empresas que fabricaron el huevo pasteurizado utilizado para elaborar la crema de las cocas.

INDEMNIZACIÓN

Tras tres años de instrucción, la juez sobreseyó el caso, las acusaciones recurrieron la decisión, y la Audiencia revocó la orden de la juez, al considerar que existía "una relación directa" entre el proceso de elaboración, conservación y distribución de las cocas y la intoxicación alimentaria.

El juicio que hoy comienza durará más de dos semanas y en él declararán unas 400 personas. El pastelero Josep Gusó lo hará el 21 de septiembre y posteriormente será el turno de los técnicos de Salut. Gusó, el único imputado, acusado de una falta de lesiones por imprudencia, se enfrenta a una indemnización que puede rondar los 100.000 euros y a una multa por decidir.