La Generalitat, condenada a pagar 2,7 millones por el 'caso Brito y Picatoste'

La "cadena sucesiva de negligencias" de la administración penitenciaria, dependiente de la Generalitat de Catalunya, contribuyó de forma decisiva a que los delincuentes Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste protagonizaran una gravísima carrera delictiva que empezó con el quebrantamiento de un permiso penitenciario y acabó con un mosso parapléjico, un hombre muerto y su novia violada. El Tribunal Supremo (TS), tras modificar el criterio de la Audiencia de Barcelona, considera a la Generalitat responsable civil subsidiaria y la condena a pagar un total de 2,7 millones de euros a repartir entre las víctimas.

Concretamente, Xavier Murillo, de 33 años, el agente de los mossos en prácticas que quedó parapléjico por un disparo, cobrará los 1,8 millones de euros que había solicitado. Los padres de Sergio Martínez, acribillado a balazos, recibirán 500.000 euros y la novia de fallecido, que presenció el asesinato y luego fue violada, cobrará 150.000 euros. Los 200.000 euros restantes serán para el otro mosso lesionado.

"Negligencia", "relajación", "evidentes y palmarios descuidos", "custodia insuficiente" y "laxitud" en la prevención y vigilancia. Así describen los magistrados del Tribunal Supremo las graves carencias del funcionamiento de la administración penitenciaria que, acumuladas, determinaron el resultado final. La sentencia, que cuenta con un voto particular contrario a responsabilizar a la Generalitat, hace un recorrido pormenorizado de todos los momentos clave en la carrera delictiva de la pareja de delincuentes.

PLAN DE FUGA

El 3 de octubre del 2001, el preso Francisco Javier Picatoste salió con un permiso de la prisión de Ponent (Lleida) durante 48 horas y no regresó. El Supremo considera que, ya en este punto, la administración penitenciaria no puso los hechos en conocimiento de la policía "para que se adoptaran las medidas oportunas".

El tribunal también avala la versión de las acusaciones de que la fuga se fraguó dentro de la cárcel y no fue detectado por la falta de control en las llamadas telefónicas y la correspondencia. El plan consistía en que Brito simularía una grave lesión en el brazo 10 días más tarde de que Picatoste no volviera a la cárcel y, en la puerta del hospital, protagoniza-

rían la huida.

En estos 10 días, Brito hizo llamadas desde la cárcel sin control ninguno, algunas dirigidas a Picatoste. "Es incuestionable que hubo una absoluta relajación en el control reglamentario de las llamadas telefónicas", reza la sentencia.

Tal y como habían previsto --continúa el alto tribunal en su análisis de los hechos--, el día 14 de octubre del 2001, Brito se causó una lesión en el brazo tras saber que, durante el fin de semana, no había servicio médico adecuado en la cárcel y, por lo tanto, la salida al hospital estaba garantizada. En este sentido, el Supremo argumenta que "esta circunstancia revela que el centro destinado a presos peligrosos había descuidado cosas elementales", como poder hacer una radiografía sin esperar a días laborables. "No se explica muy bien esa deficiencia", añade.

"CUSTODIA INSUFICIENTE"

Tras cuestionar el por qué fue necesario sacar al preso de la cárcel para hacerse una radiografía, el Supremo hace un análisis de las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado al hospital. "Se acordó la conducción por un mosso en prácticas y otro agente que van en el vehículo siguiendo a la ambulancia", dice la sentencia, para añadir: "Dadas las características del preso, la custodia era absolutamente insuficiente".

Fue en la puerta del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida cuando Picatoste, para liberar a su cómplice, disparó contra los mossos. A uno lo dejó postrado en una silla de ruedas y al otro le produjo lesiones graves. Semanas después, los prófugos, sabiéndose irremediablemente cercados en su escondite de la sierra de Collserola, abordaron a una pareja que estaba dentro del coche. El joven de 23 años, que se resistió al robo del vehículo, fue acribillado mientras intentaba poner el coche en marcha para huir. Su novia, sentada en el asiento del copiloto, presenció cómo moría, cómo sacaban su cadáver del coche y cómo se la llevaban a un lugar todavía más apartado para violarla.

El Supremo no cuestiona, sin embargo, el permiso inicial a Francisco Javier Picatoste porque "se pondría en riesgo el sistema de rehabilitación del que forma parte importante la concesión de permisos".