Esperanza Gómez, psiquiatra: "Una persona puede acabar en prisión cuando lo que necesita es tratamiento"

La salud mental forma parte del día a día de los juzgados. Aparece en divorcios, en procesos de capacidad jurídica, en causas penales o en ingresos involuntarios. Pero su paso por el sistema implica una 'traducción': convertir realidades complejas en decisiones jurídicas claras.

Dos lenguajes para una misma realidad

“Es algo del día a día”, resume el abogado y activista en salud mental Manel Atserias. Sin embargo, esta presencia no siempre se traduce en una respuesta adecuada. “El sistema está pensado para funcionar, pero no necesariamente para dar una respuesta satisfactoria a personas que pueden necesitar apoyo o tratamiento”, señala. En algunos procesos, advierte, el diagnóstico puede acabar utilizándose “de una forma muy perversa”, por ejemplo en disputas de custodia.

Decidir sin entenderlo todo

Parte del problema es un choque de lenguajes. “La salud mental está llena de matices, mientras que el derecho necesita claridad”, explica Txus Carilla, psicólogo pericial de CTAC Barcelona. El resultado es un “reto de traducción”: trasladar una realidad compleja a un sistema que exige respuestas concretas. Los informes periciales son el principal puente entre el lenguaje clínico y la decisión judicial, pero esa traducción implica simplificar y dejar fuera partes de la realidad.

Lo que queda fuera

Se´gun Albert Díaz, testimonio en primera persona, muchas veces la persona no entiende qué está firmando y su voz queda en segundo plano frente a familiares o informes. “Siempre hablaban con mi madre”, recuerda.

La falta de interlocución no es excepcional. “No tenemos un diálogo común”, señala Ivan Cano, de Salut Mental Catalunya. El lenguaje jurídico dificulta que las personas afectadas participen de forma efectiva en decisiones que les afectan directamente.

Cuando la simplificación tiene consecuencias

Cuando esta 'traducción' no se ajusta a la realidad, las consecuencias pueden ser muy concretas. “Si no se detecta correctamente una situación, una persona puede acabar en prisión cuando lo que necesita es tratamiento”, advierte Esperanza Gómez, psiquiatra forense y miembro del Grupo de Trabajo de Psiquiatría Legal de la Societat Catalana de Psiquiatria (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya) y profesora de la Universitat Internacional de Catalunya.

La jueza Gabriela Boldó señala que el sistema judicial a menudo debe resolver con información incompleta. La decisión es inevitable, pero no siempre incorpora todos los matices.

Esto también se refleja en prácticas como los ingresos involuntarios, que, según Cano, siguen generando controversia: “Hablamos de medidas coercitivas que, en algunos casos, no cuentan con suficientes garantías ni con una participación real de la persona afectada”.

Una justicia con poco tiempo para los matices

Esta tensión no se limita a los juzgados. También se refleja en cómo se explican estos casos. El responsable de periodismo jurídico de EL PERIÓDICO, Jesús G. Albalat, advierte del riesgo de simplificar la salud mental en titulares que reducen la complejidad a una etiqueta.

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