Ezequiel Pérez, psiquiatra: "No existe una relación directa entre trastorno mental y violencia"

Cuando una persona con un trastorno mental comete un delito, la pregunta clave no es solo qué ha pasado, sino si podía entender y controlar sus actos. La respuesta no depende tanto del diagnóstico como de una evaluación compleja en la que intervienen jueces y peritos, obligados a decidir incluso cuando la realidad no encaja en categorías claras.

En el derecho penal, la clave no es el diagnóstico -según subrayan los expertos-, sino la capacidad en el momento de los hechos. “No hay equivalencias entre diagnóstico y funcionalidad”, resume Esperanza Gómez, psiquiatra forense y miembro del Grupo de Trabajo de Psiquiatría Legal de la Societat Catalana de Psiquiatria (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya) y profesora de la Universitat Internacional de Catalunya.

No hay equivalencias entre diagnóstico y funcionalidad

Esperanza Gómez

— Psiquiatra forense y miembro del Grupo de Trabajo de Psiquiatría Legal de la Societat Catalana de Psiquiatria

Tener un trastorno no implica automáticamente perder la capacidad de entender o decidir. La justicia distingue entre eximentes completas —que anulan la responsabilidad— y atenuantes, pero esa diferencia no se basa en etiquetas clínicas, sino en reconstruir qué entendía la persona, qué control tenía sobre su conducta y en qué condiciones se produjo el delito.

Hay procedimientos en los que la prueba pericial lo es todo

Laura Mercader

— Abogada penalista

“La prueba pericial evalúa un hecho concreto, no a la persona en su conjunto”, explica el psiquiatra Ezequiel Pérez, coordinador clínico del servicio de salud mental de Brians II (Parc Sanitari Sant Joan de Déu) y miembro del mismo grupo de trabajo. El objetivo no es determinar qué le ocurre a alguien, sino cómo ese estado influyó en una conducta específica. Esa evaluación, además, es retrospectiva y se mueve en un terreno de incertidumbre.

El peso de los informes: entre guía y decisión

Buena parte de estas decisiones se apoya en informes periciales. “Responden a una pregunta concreta del tribunal”, explica Txus Carilla, psicólogo pericial especializado en adicciones comportamentales en CTAC Barcelona. Ese carácter acotado es su fortaleza, pero también su límite. Los informes no son verdades absolutas, sino elementos que el juez debe valorar. Sin embargo, su peso puede ser decisivo. “Hay procedimientos en los que la pericial lo es todo”, apunta la abogada penalista Laura Mercader. Entre esa influencia y la necesidad de decidir, el sistema condensa realidades complejas en categorías jurídicas.

El dilema: entender o juzgar

La decisión final corresponde a los jueces. “No queremos explicaciones de la conducta, tenemos que resolver”, resume Gabriela Boldó, jueza y consultora en estrategia jurídica. Mientras la psiquiatría busca comprender, el derecho penal debe traducir esa complejidad en una respuesta concreta. Ese paso de la comprensión a la resolución implica simplificar una realidad que rara vez lo es.

Después de la sentencia: ¿prisión o tratamiento?

La sentencia abre un nuevo recorrido: prisión o medidas de seguridad en dispositivos psiquiátricos. “Lo que viene después es clave”, señala Pérez. “No solo dónde ingresa una persona, sino qué seguimiento tiene”. En la práctica, los recursos son limitados y la continuidad del tratamiento no siempre está garantizada.

Trastorno mental y delito: desmontar una asociación simplista

Confundir trastorno mental con causa directa del delito es un error frecuente, según los implicados en el sistema judicial. “No existe una relación directa entre trastorno mental y violencia”, subraya Pérez. En la conducta delictiva influyen múltiples factores —contexto social, consumo de sustancias o trayectoria vital— que no pueden reducirse a un diagnóstico.

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