Las entidades denuncian paternalismo y estigma en la concesión de autonomía a personas con trastornos mentales

Pese a las recientes reformas legales para dar más autonomía a las personas con trastornos mentales, las entidades sociales que apoyan a estos ciudadanos denuncian que la mirada de los jueces y de ciertas estructuras administrativas sigue siendo paternalista y cargada de estigma. Así lo ha descrito en el Parlament Judith Franco, coordinadora de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Franco ha recordado, en una comparecencia en la Cámara catalana, que desde hace cinco años existe una ley que elimina de forma radical la incapacitación y la tutela, y un decreto catalán así como un conjunto de leyes en este sentido. Sin embargo, "tenemos una práctica todavía paternalista que no acaba de salir de los métodos, de los sistemas antiguos", denuncia esta portavoz. Un sistema, añade, en el que falta reconocimiento, confort, recursos, medios "y, sobre todo, confianza para asumir un modelo basado en derechos".

Unos derechos que incluyen la figura del "facilitador", pero que no ha sido desarrollada -indica esta entidad. "Debemos dejar de tener derechos de primera y de segunda", denuncia.

El papel de ciertos jueces

Se trata de la dicotomía entre lo que disponen ciertas leyes y la práctica diaria. Por ejemplo, de los jueces, con resoluciones que suponen mermas de estos derechos de las personas. "El estigma, los miedos, hacen que no pueda haber una inclusión, no pueda haber un acceso a la vivienda, no pueda haber un mundo laboral y, por tanto, la inclusión en la comunidad se hace también erosionando este derecho", según Franco.

Esta portavoz se lamenta de que, pese a los cambios legislativos, el léxico sigue siendo antiguo. "Recibimos resoluciones judiciales que me dicen 'el incapaz' o 'tráigame al incapaz'; nos encontramos también con un paternalismo jurídico en todos los documentos legales. Hay contratos sanitarios que todavía nos vienen en forma de tutela, todavía nos dicen que debemos ser los representantes legales. Los tempos judiciales no ayudan en absoluto a poder establecer medidas de apoyo".

Recibimos resoluciones judiciales que me dicen 'el incapaz' o 'tráigame al incapaz'

Judith Franco

— Coordinadora de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Las entidades lamentan que no queda suficientemente justificada la decisión de ordenar una asistencia representativa sobre una determinada persona. "Se ponen de una manera relativamente alegre; por tanto, el marco teórico existe, pero respecto al marco real dejadme que os diga que quizás todavía estamos un poco lejos del mismo". Esta entidad propone superar el modelo biomédico de salud mental "y empezar a caminar hacia un modelo social y una asistencia basada en derechos".

El 65% ni saben que se les notifica

Natàlia Ribas, trabajadora social trabajando en la Fiscalia de Provisió de Suports de Catalunya, también denuncia que la ley no se está aplicando y persiste el "paternalismo" la falta de respeto sobre las personas vinculadas. De entrada, porque ni se las avisa de las notificaciones: el 65% de los afectados por una previsión de apoyos no saben que se ha solicitado esta medida para ellos y se enteran al recibir la notificación postal, porque "se considera que no hace falta comunicárselo", denuncia Ribas.

Medidas injustas

Ribas, como Franco, lamenta que se pidan todavía informes técnicos indicando cuestiones que nada tienen que ver con la autonomía de la persona con trastorno, como el peso o los gustos musicales o un análisis de sangre. También denuncia que se piden este tipo de informes en determinados barrios de Barcelona de forma generalizada, para limitar sus derechos.

No debemos patologizar ni judicializar problemas sociales

Natàlia Ribas

— Trabajadora social trabajando en la Fiscalia de Provisió de Suports de Catalunya

Esta profesional, en su comparecencia también en el Parlament, reclama "no patologizar ni judicializar problemas sociales; nos encontramos con demandas de apoyos [limitación de derechos] para personas que serán próximamente desahuciadas; esto es una victimización múltiple; debemos garantizar el derecho a la ciudadanía plena, responsabilizando, garantizando derechos garantizando deberes"

Persiste el estigma

La conclusión de entidades que acompañan a las personas con trastornos es que pese a las leyes favorables al incremento de los derechos, persiste el estigma respecto a las capacidades de estas personas. "Pese a que existe una presunción de capacidad y el proyecto de ley va en esta línea, todavía nos piden informes médicos para acreditar esta capacidad; falta información, falta preparación y, la verdad, falta mucho tiempo", describe Franco.

En su comparecencia en la comisión de estudio del Parlament sobre salud mental (que se ha reactivado, tras más de un año de legislatura), esta portavoz lamenta que pese al trabajo de las asociaciones y fundaciones denunciando la vulneración de derechos de estos ciudadanos, falta desplegar políticas al respecto, con tres bases: "el derecho a la igualdad, a la autonomía en su máxima expresión con el consentimiento informado, y un enfoque basado en derechos".

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