Nel González, Salud Mental España: "Las contenciones se practican por falta de recursos y voluntad y por una cultura del pasado"

Un cambio legal a la vista -el llamado Protocolo adicional al Convenio de Oviedo- ha reabierto el debate sobre hasta qué punto Europa está dispuesta a legitimar prácticas coercitivas en la atención a la salud mental. La Confederación Salud Mental España alerta de que este nuevo texto consolida un modelo obsoleto, entra en contradicción con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y puede suponer un retroceso en derechos humanos fundamentales.

¿Qué representa este Protocolo?

El Convenio de Oviedo es un marco general para proteger los Derechos Humanos en el ámbito de la biomedicina. Sin embargo, el Protocolo adicional pretende regular los ingresos y tratamientos involuntarios en salud mental. Según el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, este Protocolo “ignora el cambio de paradigma que introduce la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y ampara una práctica clínica que no escucha a las personas ni respeta su capacidad para decidir cómo quieren recuperarse”.

Un retroceso en Derechos Humanos, según Salud Mental España

Uno de los principales derechos en juego es el derecho a la libertad. Desde la Confederación denuncian que el Protocolo da cobertura a medidas que actúan de forma agresiva sobre las personas y que, lejos de ayudar, pueden agravar su malestar emocional. “Sabemos que todas estas prácticas tienen un impacto negativo en la salud mental”, señala González Zapico.

Contenciones, medicación forzosa y control

Cuando se habla de coerción, el concepto no es abstracto. Incluye contenciones mecánicas, químicas y también emocionales, como chantajes o presiones. Según el presidente de la Confederación, “no son prácticas terapéuticas, van en contra de la voluntad de la persona y no deberían aplicarse”. A menudo, explica, se recurre a ellas por falta de recursos y de profesionales formados en desescalada emocional, pero el objetivo debería ser avanzar hacia la contención cero.

Ser tratado contra la propia voluntad puede generar frustración extrema y traumas difíciles de revertir, añadiendo estrés postraumático a una situación ya vulnerable, según la Confederación. Organismos de Naciones Unidas han advertido de que la coerción en salud mental puede constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura.

El debate sobre autonomía y dignidad

Otro de los riesgos que señala González Zapico es la confusión entre cuidado y control. “Se ha normalizado la idea de que, si alguien está mal, hay que ingresarlo”, afirma. Pero cuidar bien a una persona implica respetar su opinión y permitirle elegir cómo quiere ser tratada. Sin esta participación activa, el cuidado se convierte en una forma de control.

Frente a este modelo, la Confederación propone potenciar decisiones anticipadas, voluntades anticipadas y estrategias de desescalada emocional, herramientas que no solo protegen a las personas usuarias, sino también a los profesionales sanitarios. El problema, sin embargo, no es solo de recursos: “hay una combinación de falta de recursos, falta de voluntad política y una cultura sanitaria anclada en el pasado”, resume. La oposición al Protocolo adicional no es solo estatal. Entidades europeas como Mental Health Europe también se han posicionado en contra y forman parte de la campaña Withdraw Oviedo, con la que reclaman la retirada del texto.

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