Crisis de la tutela a menores
La tutela de la indefensión
En vez de ofrecer apoyo, los servicios sociales han recomendado renunciar a la custodia para poder acceder a recursos terapéuticos
Cuando las familias han pedido ayuda, a menudo se han encontrado cuestionadas, juzgadas y, en muchos casos, desprotegidas

Fachada de la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), a 26 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). / MANU MITRU
En las últimas semanas han salido a la luz diversas informaciones que apuntan a posibles casos de abusos y negligencias en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Es absolutamente inadmisible que una institución encargada de proteger a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad se vea relacionada con hechos tan graves como la pederastia o la falta de actuación frente a abusos.
Nuestras familias con hijos e hijas con problemas de salud mental a menudo se han encontrado cuestionadas y juzgadas
Desde AFATRAC, asociación de familiares afectados por trastornos de conducta, celebramos la reforma anunciada por el Gobierno para cerrar la DGAIA y abrir la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA). Sin embargo, exigimos una investigación transparente, rigurosa e independiente, así como la depuración inmediata de responsabilidades.
Sentimiento de desconfianza y desprotección
Conocemos de primera mano las carencias del sistema: el 50% de nuestras familias han pasado por procesos de adopción, y todas ellas tienen hijos e hijas con problemas de salud mental derivados de trastornos del neurodesarrollo. Cuando estas familias han pedido ayuda, a menudo se han encontrado cuestionadas, juzgadas y, en muchos casos, desprotegidas.
Es especialmente grave que, en vez de ofrecer apoyo, los servicios sociales –y en concreto los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA), que actúan delegados por la DGAIA– hayan recomendado renunciar a la custodia para poder acceder a recursos terapéuticos privados inasumibles, o directamente hayan activado la retirada de la misma. Estas actuaciones han causado un sufrimiento inexplicablemente profundo, tanto a los niños como a las familias.
Cambios y asunción de responsabilidades
Por todo ello, exigimos:
• La investigación a fondo de las denuncias contra la DGAIA mediante un organismo independiente.
• Cambios estructurales y protocolos más humanos en la gestión de casos. Es necesario un cambio en el sistema de toma de decisiones.
• Apoyo efectivo y no punitivo a las familias que piden ayuda. Antes de sacar custodia alguna, es necesario fomentar la acogida y las familias necesitamos más ayudas.
• Una apuesta real por servicios públicos accesibles y especializados: necesitamos profesionales altamente formados y experimentados y un verdadero seguimiento de cada caso.
• El cambio de modelo debe virar hacia un nuevo modelo preventivo.
Tal y como se ha pedido desde la Mesa del Tercer Sector Social, la PINCat y la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social, es necesario reforzar con más recursos el resto del Departament de Drets Socials para hacer frente a estos cambios, así como reconocer a las profesionales del sector con una mejora de sus condiciones laborales y el aumento de los fondos de financiación de las entidades.
Pedimos al Gobierno que se concrete cómo se hará el seguimiento de esta reforma y que se tenga en cuenta a la experiencia de las entidades de familiares. Los niños y adolescentes necesitan protección real.
AFATRAC, Asociación de familiares de afectados por trastornos de conducta
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