Entidades y usuarios denuncian que el Govern fuerza altas laborales a personas con diagnóstico psiquiátrico

"El ICAM da altas sin visitar a pacientes -que están de baja por ansiedad y con informes psiquiátricos según los cuales no están en condiciones para trabajar- en contra de la opinión del psiquiatra del CAP y de un psiquiatra privado. Profundizad en este tema, por favor y que no mientan tanto". Esta es el correo que una mujer ha enviado a SanaMente y que no representa un hecho aislado ni una opinión subjetiva.

No se trat de un hecho aislado porque buena parte de las quejas que tramita la entidad Salut Mental Catalunya son por derechos laborales, porque desde el 2016 existe una plataforma que denuncia lo sucedido, porque el Col·lectiu Ronda, de abogados, tramita numerosos casos. Y porque mujeres como Sara (nombre ficticio), de 52 años, con un largo historial psiquiátrico acreditado por la sanidad pública, lo explican abiertamente. Tenía concedida la incapacidad permanente revisable y a los dos años recibió la llamada del ICAM: "La mujer ni me miró, me trató como a un trozo de carne, me preguntó 'qué te pasa' y me preguntó si no hacía nada para estar bien y que las pastillas no son la solución, que tenía que poner de mi parte y ver el lado positivo".

Te hacen sentir culpable de tener ese diagnóstico, de estar haciéndolo mal

Sara

— Testimonio en primera persona

Sara salió de esa visita, de menos de media hora, consternada. Y más cuando recibió, meses después, la notificación de que debía volver a trabajar, pese al informe de su psiquiatra que lo desaconsejaba. La carta del ICAM afirma: "Padece trastorno de personalidad mixto asociado a trastorno depresivo sin clínica impeditiva, se ha comprobado que el cuadro patológico revela una evidente mejora, lo que supone una recuperación de sus facultades generales y la posibilidad de realizar actividades laborales".

El ICam tiene un criterio especialmente restrictivo en salud mental, es común que a los dos años revoquen pensiones de invalidez

Álex Tisminetzky

— Abogado del Col·lectiu Ronda

Al leer el texto, Sara pensó en acabar con todo: "Lo voy a sentir mucho por mi hija, pero hasta aquí llegué...". Los psiquiatras la atendieron enseguida, le aumentaron la medicación por la ansiedad, que la siga atenazando. "Soy un peligro para mi y para los demás". El caso está recurrido en vía administrativa. Es un conflicto legal pero también humano: "Te hacen sentir culpable de tener ese diagnóstico, de estar haciéndolo mal y yo ya llevo mucha mochila detrás para que una señora me diga esto". La conclusión de esta mujer es clara: "Revocaron mi incapacidad para no pagarme la pensión, evidentemente; es que no hay otra".

Las entidades sociales en pie de guerra

Un tercio de las denuncias por vulneración de derechos a personas con problemas de salud mental tienen que ver con derechos laborales. Lo sabe bien Iván Cano Prieto, responsable de Derechos e Incidencia de Salut Mental Catalunya: "El ICAM está retirando incapacitaciones de larga y corta duración". El ICAM les dice que si han colaborado en cuestiones como el apoyo entre iguales es que puedes ser productivo", describe.

En otra nota de whatsapp, el Departament alega que "no puede entrar a valorar casos concretos", pese a que, como es conocido, se trata de una denuncia de entidades y colectivos, respaldada por el Col·lectiu Ronda.

Vaciar la bolsa de pensionistas

¿Qué motiva esta política de concesión de altas médicas? "En mi opinión -apunta Cano Prieto- el ICAM va a vaciar la bolsa de pensionistas, es muy perverso y paradójico: das el alta porque consideras que la persona es apta pero la invitas a un mundo laboral en que será muy precaria y verá afectada su salud mental; todo ello acaba siendo más caro".

Comín reconoció el problema

Desde el colectivo de abogados Ronda llevan casos de este tipo cada día, en defensa de las personas afectadas. Álex Tisminetzky corrobora que el ICAM hace visitas breves o incluso a veces ni las hace, para obligar a volver a trabajar a personas con trastornos. Explica que cuando el caso va a los tribunales, en muchas ocasiones los afectados salen victoriosos frente a la administración, pero el coste emocional es intenso.

Das el alta porque consideras que la persona es apta pero la invitas a un mundo laboral en que será muy precaria

Ivan Cano Prieto

— Responsable de Derechos e Incidencia de la Federació Salut Mental Catalunya

Este abogado concluye también que la raíz es un problema economicista: "Catalunya tiene cedidas las competencias del tribunal médico, y creó el ICAM. El convenio con la administración del Estado incluye un incentivo económico para dar más altas". Es lo mismo que viene denunciando desde el 2016 la plataforma de afectados PAICAM: "Ponen criterios economicistas por delante de los médicos, cuantas más altas, más dinero", denuncia Marta Serrés, integrante de este colectivo.

Ponen criterios economicistas por delante de los médicos, cuantas más altas, más dinero

Marta Serrés

— Integrante de la plataforma de afectados PAICAM

En 2016, el entonces 'conseller' de Salud Toni Comín, reconoció que ese convenio se rige por "criterios economicistas" (más dinero cuantas menos bajas y más cortas sean) y se propuso cambiar ese texto para que lo que se tenga en cuenta sean criterios médicos y asistenciales. Pero el convenio sigue vigente. Tisminetzky añade que la gran paradoja es que pretendiendo ahorrar dinero, a la larga la administración tiene que invertir más porque se generan problemas de salud en las personas afectadas.

Hacer pedagogía sobre salud mental

Cano Prieto, representante de Salut Mental Catalunya (la Federación que representa a más entidades de familiares y personas afectadas por trastornos mentales) propone que se haga pedagogía sobre salud mental comunitaria en estos ámbitos de poder y se pregunta si el ICAM "es capaz de evaluar el estado de productividad de una persona en media hora, cuando esta persona aporta informes de profesionales que dicen que su situación es otra". Pese a las reiteradas peticiones de EL PERIÓDICO, ha sido imposible recabar la opinión de ningún representante del ICAM respecto a estas denuncias.

El Departament de Salut se ha limitado a remitir una breve nota en la que se asegura ue el ICAM dispone de información para "emitir valoraciones precisas ("acurades")" y añade que "en algunos casos se considera que la reincorporación laboral tiene un impacto positivo" en la mejora de la salud del paciente de acuerd con la historia clínica y la información "obtenida durante la visita al paciente". Visitas que, denuncian entidades y afectadas, son de escasa duración e incluso en ocasiones inexistentes.

Quejas desde hace años

El asunto no es nuevo y tiene que ver también con el estado físico de los trabajadores. Es el caso de Jordi Castelló, que en 2022 escribió a EL PERIÓDICO: "Agoté la baja y el ICAM decidió, sin hacerme ni una sola visita ni hacer absolutamente nada para que mejorara mi condición, que podía volver a trabajar. Lo intenté, pero me fue imposible, las rodillas no lo resistían. Durante todo este período la rodilla derecha empeoró. Dado que soy autónomo, si no trabajo no cobro, y además tuve que pagar mi cuota de autónomos religiosamente". Jordi añade: "He llegado a pensar que la doctora que me visitó no tiene ni la más remota idea del trabajo que hace un planchista y lo que implica trabajar de rodillas para una persona que tiene los meniscos rotos".