Las entidades pro eutanasia alertan de una ofensiva conservadora contra el derecho a morir
Dret a Morir Dignament cree que se trata de ganar en los juzgados lo que no lograron con la ley
Una entidad ultra catòlica logró suspender una eutanasia ya concedida

Una paciente a la espera de una eutanasia


Fidel Masreal
Fidel MasrealPeriodista
Licenciado en Ciències de la Comunicació por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), curso de periodismo jurídico-político por la UAM - El País, ha ejercido como periodista político en Onda Cero, diari Menorca, Ràdio Barcelona (cadena SER) -donde fue jefe de la sección de Política- y Els Matins de TV3. Desde septiembre del 2008 es redactor en El Periódico, primero como cronista parlamentario en Madrid y en la actualidad especializado política catalana. Autor de "Conviure amb la depressió" (Mina, Eniclopèdia Catalana, 2007), "Game Over: els partits polítics, corrupció i vicis del sistema" (La Mansarda, 2013), "Cuentos Ex" (Magma Editorial, 2019) y "Contes del procés" (Magma, 2019). Colabora como analista en TVE, Catalunya Ràdio, SER Catalunya y RAC-1, entre otros.
La decisión de una juez de suspender la eutanasia de una joven de Barcelona, y la existencia de otro caso similar ha puesto en alerta a la principal entidad defensora de la ley de eutanasia, Dret a Morir Dignament (DMD). Su presidenta, Cristina Vallès, considera "terrible" que se perpetúe el sufrimiento de personas que han pedido y obtenido, conforme a la ley, el derecho a finalizar su vida. "Nos preocupa esta dinámica porque se trata de un proceso muy complicado, larguísimo y con una ley con muchas garantías antes de concederse la eutanasia", lamenta Vallès.
El caso surge de la decisión de una mujer con una lesión medular (producida tras uno de sus de sus intentos de suicidio), que logró el derecho a finalizar su vida de acuerdo con el procedimiento de la ley de eutanasia. Pero ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ha mantenido la paralización de la eutanasia, solicitado por el padre de la joven de la mano de una asociación ultraconservadora (la Asociación Española de Abogados Cristianos), que estaba prevista para el pasado viernes 2 de agosto en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes. La magistrada plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una cuestión de competencia para saber qué órgano judicial es el que debe pronunciarse.
Contraofensiva ideológica
Vallès ve detrás de todo ello una contraofensiva ideológica: "Lo que no han conseguido a través de las discusiones parlamentarias, lo intentan lograr a través de estas demandas judiciales". Unas demandas que se basan en argumentar que una persona con un trastorno mental no está en condiciones de tomar una decisión como la del suicidio legal, la eutanasia.
Las garantías legales
Frente a estas opiniones, Dret a Morir Dignament recuerda que la legislación vigente permite aplicar la eutanasia por casos vinculados a enfermedades mentales, que van más allá de una malestar pasajero. De hecho ha habido ya eutanasias concedidas a personas en esta situación, que encajan perfectamente en la ley. Porque se trata de uno de los dos supuestos eutanásicos previstos por la ley: una enfermedad grave imposibilitante o un sufrimiento grave, crónico, imposibilitante.
Además, el Ministerio de Sanidad presentó este año un borrador de buenas prácticas con recomendaciones sobre cómo tratar las enfermedades mentales en el contexto de solicitud de la eutanasia, asegurando que estas podían acogerse a la ley sí cumplían los contextos eutanásicos previstos.
La solicitud de eutanasia ha de pasar por dos médicos, una dupla, compuesta por un médico y un jurista, y finalmente el caso se resuelve en una Comisión de Garantía y Evaluación, formada por profesionales médicos y juristas”. Al final del proceso, la mitad de estas demandas son rechazadas.
Los efectos de retrasar una decisión
El retraso en la respuesta a estas peticiones de eutanasia puede generar efectos dramáticos en la persona que lo ha solicitado, según señala Vallès. Es decir, que se acabe practicando el suicidio sin las garantías ni la cobertura sanitaria ni las condiciones para que sea un proceso no doloroso, rápido y tranquilo que prevé la ley, que cumple tres años y que colocó a España en el sexto país del mundo en despenalizar la decisión de morir por suicidio.
Alargar la vida
Frente a la opinión crítica con la eutanasia, Dret a Morir Dignament recuerda que la ley alarga la vida en lugar de retrasarla, porque antes de la ley vigente, las personas con graves sufrimientos que optaban por el suicido avanzaban el momento de realizarlo, dado que tenían que demostrar que estaban capacitados para hacerlo por sí mismos (para no implicar legalmente a nadie).Eran suicidios en soledad, lo cual generaba angustia y duda. El caso más mediático fue el de Ramon Sampedro.
Hoy, en buena parte de las eutanasias aprobadas las personas solicitantes piden un período de aplazamiento. Es decir, escogen cuando y cómo hacerlo, con todas las garantías no solo legales, sino emocionales, para despedirse de sus seres queridos. "Esto no es un concurso de ver cuantas muertes hay por eutanasia, nadie quiere morirse, simplemente sucede que cuando no hay manera de poder vivir según marcan tus valores, la gente tiene el derecho a decir basta, es un derecho", subraya la presidenta de DMD en Catalunya.
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