Grandes ciudades catalanas buscarán desatascar sus rehabilitaciones de viviendas a través del Pla de Barris del Govern

Las ciudades catalanas con rehabilitaciones urgentes de viviendas confían en el nuevo Pla de Barris de la Generalitat como solución para dar definitivamente a sus transformaciones urbanas el empujón definitivo que necesitan. Especialmente después de que estas reformas se hayan encallado, tal y como explicó EL PERIÓDICO, al naufragar entre los exigentes requisitos de los fondos europeos para financiarlas y la incapacidad de muchas comunidades de vecinos para hacer frente a su responsabilidad en las obras.

Es en este contexto donde grandes municipios catalanes como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell o Santa Coloma de Gramenet, según ha podido confirmar este diario, ya trabajan por vehicular sus proyectos de reforma urbana a través de la futura convocatoria del ejecutivo catalán, que bajo la batuta de Carles Martí da continuidad al que ya fue uno de los buques insignia de los gobiernos del 'tripartit'. Aunque los ayuntamientos asumen que la ayuda catalana no dará para resolver todas sus carencias sociales, sí se encomiendan a ella como un simbólico acelerón en materia de rehabilitaciones.

La rehabilitación urgente de viviendas se encalla en el área de Barcelona un año después de la tragedia de Badalona

En Santa Coloma, por ejemplo, donde en febrero del 2024 se llegó a desalojar a una treintena de familias por riesgo de derrumbe, el Ayuntamiento ve en el Pla de Barris "una gran oportunidad" para financiar rehabilitaciones urgentes. "Estamos enfocados en impulsar rehabilitaciones correctoras de situaciones límite o que pueden acabar siendo límite en el futuro", explican fuentes municipales.

La ciudad vecina, Badalona, también sufrió desalojos e incluso un derrumbe con tres víctimas mortales. Consultadas por este diario, fuentes municipales de Badalona aseguran que la ciudad planteará una propuesta que ponga el foco en barrios adyascentes a Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, concretamente en el Remei, Sant Roc, La Pau, Llefià y Salut Alta. "Son zonas con grandes retos sociales y urbanísticos que requiere de una actuación integral", apunta el consistorio. Las administraciones locales coinciden en que a las rehabilitaciones de edificios les ha faltado apoyo supramunicipal durante los últimos años.

Otro caso reseñable es el de L'Hospitalet, que presentará a la convocatoria alguna intervención en su área norte, el denominado Samontà. La transformación de la zona va mucho más allá del Pla de Barris, y es por ello que, tal y como publicó este diario, el segundo ayuntamiento de Catalunya se ha aliado con la Generalitat en un consorcio que centralice la financiación supramunicipal. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona confirma que "tiene voluntad" de presentar alguna iniciativa al Pla de Barris para luchar contra la desigualdad en la capital. "Consideramos que un entorno que podría ser objeto de la convocatoria es la franja de la ribera del Besòs", especifican fuentes municipales.

También es destacable el caso de Sabadell, donde hay pendientes rehabilitaciones que se han cronificado durante décadas. El Ayuntamiento señala que su objetivo principal pasa por "estirar las líneas de rehabilitación de vivienda que ya tenemos en marcha para llegar a edificios que hasta ahora no han solicitado ayudas o actuar en ámbitos muy concretos, donde haya más necesidad". Dos ciudades más del Vallès con elevados índices de vulnerabilidad urbana, Badia y Barberà del Vallès, también están trabajando en proyectos para la convocatoria del Pla de Barris, en el caso de Badia vinculado a la accesibilidad. Además de Mataró, que también trabaja para optar a la ayuda del Govern.

En el área metropolitana de Barcelona, la rehabilitación es una de las principales preocupaciones de los ayuntamientos: seis de cada diez pisos —ocho de cada diez en Barcelona capital—, 408.646 según datos del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), se consideran aptos de rehabilitación al haber sido construidos antes de 1980. De hecho, algunas de las poblaciones mencionadas están entre las que concentran las 2.500 rehabilitaciones más urgentes del área metropolitana de Barcelona, ya que son las que aglutinan un mayor número de secciones censales por debajo de los 24.000 euros de renta familiar disponible.

Presentación después de Sant Jordi

La previsión del Govern es presentar en sociedad la convocatoria del nuevo Pla de Barris el próximo 29 de abril para que, si no hay contratiempos, en junio se apruebe el decreto y en julio se abra el plazo para que los consistorios presenten sus propuestas. Este calendario permitiría evaluar a tiempo las candidaturas para anunciar antes del 15 de diciembre qué proyectos locales reciben los fondos de la primera edición de esta nueva convocatoria. Quedarían así dos semanas para que los beneficiarios ajusten los presupuestos municipales de 2026 para el inicio a 1 de enero de los planes subvencionados.

El Govern trabaja con la idea de que el suplemento de crédito pactado entre el ejecutivo de Salvador Illa, ERC y Comuns permita blindar una partida anual de al menos 150 millones de euros para cada una de las cinco convocatorias previstas hasta 2030, lo que por el momento eleva la financiación global de este Pla de Barris a unos 750 millones. Y el horizonte es que el año 2029 alcance ya a unos 120 municipios de Catalunya, 30 menos que en la última edición de la convocatoria pero logrados en dos años menos.

El plan de barrios del Govern ofrecerá a los ayuntamientos inversiones de entre 3 y 25 millones de euros

La convocatoria del Pla de Barris del Govern se regulará en un decreto firmado por la 'consellera' Paneque, cuyo borrador ya es público y que desplegará la Llei de Barris aprobada por el Parlament en diciembre del 2022 mediante un reglamento. Este delimita el terreno de juego de las ayudas, que exigen a los proyectos candidatos una memoria con esqueleto de tres vértebras fundamentales: las transformaciones físicas, donde entran las políticas urbanísticas, de vivienda y de eficiencia energética; la transición ecológica, ámbito que tendrá en cuenta las actuaciones en torno a emergencia climática, infraestructura verde y economía circular; y la acción sociocomunitaria, protagonizada por la reducción de desigualdades, la equidad de género, la cultura, el deporte, la salud o la innovación.

Este contenido supondrá el 50% de la puntuación de los proyectos, y el otro 50% se repartirá entre y la metodología y gestión de las actuaciones, que equivaldrán a un 20% de los puntos, y las características socioeconómicas —degradación arquitectónica, alto índice de desahucios u ocupaciones ilegales o altos niveles de contaminación acústica, por ejemplo—, que supondrán otro 30%. Estos parámetros de vulnerabilidad son los que determinarán si una zona se considera a efectos de la convocatoria 'Área de Atención Especial'. Entre los indicadores, ponderará especialmente el conocido como Índex Socioeconòmic Territorial (IST), un índice sintético por pequeñas áreas que el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) presenta por agrupaciones y secciones censales.

Acompañamiento a comunidades vecinales

El decreto también precisa algunas actuaciones no subvencionables vía Pla de Barris. Es el caso de la construcción de vivienda nueva y la creación de escuelas, centros sanitarios o comisarías de Policía Local actualmente inexistentes. En cambio, la norma sí deja abierta la posibilidad de financiar la construcción de pisos destinados a realojar a vecinos afectados por actuaciones urbanísticas. Una política que precisamente entronca con la importancia que ha adquirido el Pla de Barris para los consistorios en cuanto a las rehabilitaciones de viviendas que perfilan.

Uno de los principales problemas con los que se han dado de bruces los ayuntamientos es la falta de capacidad real, incluso jurídica, de las comunidades de propietarios para acordar remodelaciones o acceder a ayudas públicas. "Hoy en día un piso es de un propietario particular, otro de un banco y en un tercero hay un 'okupa': hay comunidades tan desestructuradas que es inviable que lleguen a pactos", comenta un técnico municipal de una gran ciudad catalana a este diario.

El decreto del Pla de Barris del Govern también recoge una obligación en este sentido para los ayuntamientos subvencionados: deberán "impulsar un programa proactivo de asesoramiento y apoyo a las comunidades de propietarios que identifique los inmuebles con más necesidades de rehabilitación y que fomente y acompañe los procesos para rehabilitarlos y mejorar su eficiencia energética". Se trata de los mismos principios rectores que rigen la acción del CMH. Conocedor de las complejidades de la experiencia metropolitana, el Govern condiciona las ayudas a los consistorios a que no dejen a las frágiles comunidades vecinales solas ante el peligro.

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