Preocupación vecinal en Santa Coloma ante la "imposibilidad" de pagar la reforma de un bloque desalojado por riesgo de derrumbe

La preocupación se ha convertido en la tónica entre la treintena de familias de los números 9 y 11 de la calle Pirineus de Santa Coloma de Gramenet que fueron desalojadas por riesgo de derrumbe hace cosa de un año, a finales de febrero de 2024. La razón es la "imposibilidad", argumentan varios vecinos que han contactado con EL PERIÓDICO, de asumir el coste de las obras de reforma del inmueble, que ascienden a entre 71.645 y 87.031 euros.

"Esa derrama es completamente inasumible para nosotros", explica al otro lado del teléfono una vecina de 57 años que pide anonimato. Llevaba, junto con su marido, veinte años en su piso de sesenta metros cuadrados. Casi un año después, "vivimos con la incertidumbre de no saber qué solución nos van a dar ni qué va a ser de nuestras vidas", señala visiblemente angustiada.

La reforma de los pisos desalojados en febrero en Santa Coloma por riesgo de derrumbe costará unos 80.000 euros de media por familia

El Ayuntamiento de Santa Coloma asume el problema de no haber desatascado todavía la reforma del bloque, pese a que la responsabilidad de la rehabilitación recae legalmente sobre las comunidades de propietarios. Se trata de una de las rehabilitaciones urgentes que están encalladas en el área de Barcelona. El pasado mes de diciembre, el consistorio se reunió con los vecinos y presentó las conclusiones de un informe solicitado al Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), el organismo competente en rehabilitaciones en el área metropolitana de Barcelona. Entre ellas estaba el elevado coste de las obras.

Ante el desasosiego vecinal, la administración local se ha comprometido ahora a buscar alternativas más baratas que la del CMH sin comprometer la calidad y la seguridad de las obras. "Somos conscientes de que los vecinos no pueden asumir el coste de la reforma y estamos trabajando en buscar alternativas", asegura a este diario la alcaldesa, Mireia González.

El inmueble fue construido en 1968 y adolece de graves problemas estructurales. "Estamos ante una estructura de baja calidad con un material de baja durabilidad y una ejecución deficiente", reza el informe del CMH. "No se puede garantizar la seguridad estructural de los techos del edificio", apostilla el documento.

El diagnóstico de los males del inmueble pasa por la presencia de "cemento aluminoso" en las semiviguetas de todos los techos, lo que provoca que se hayan detectado "130 viguetas con lesiones graves, principalmente grietas provocadas por la corrosión del acero que se expande y produce desprendimientos en el hormigón". Es por ello que "se considera imprescindible proceder al refuerzo estructural de los techos del edificio", así como al "refuerzo de la estructura vertical" del inmueble, ya que la existente "no es suficiente para soportar las cargas que se tendrán que transmitir".

El realojo provisional de las familias

De las 29 familias realojadas provisionalmente, tres viven en pisos de amigos o familiares; dos más, en pisos propiedad de la Sareb; otras dos, en pensiones o apartamentos costeados por el propio ayuntamiento; tres más, en pisos facilitados por la Agència de l'Habitatge de Catalunya; otras ocho, en viviendas de la empresa pública Gramepark; y las once restantes, en viviendas de propiedad municipal. "Desde el minuto uno hemos estado al lado de las familias y en coordinación con el administrador de la comunidad", explicó a este diario el primer teniente de alcaldía de Santa Coloma, Toni Suárez (PSC).

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Los vecinos consultados reconocen la implicación municipal en darles cobijo durante este último año. "En un primer momento nos llevaron a un piso turístico y luego nos trasladaron a otro. Nos pidieron un alquiler social de 600 euros pero dijimos que no podíamos pagarlo y ahora estamos a la espera de que nos den una solución definitiva", cuenta una vecina afectada por los desalojos.

La casuística entre las familias afectadas es heterogénea. Algunas pagan el alojamiento temporal y otras no, pero el compromiso actual del consistorio es dar alguna solución a todas a sabiendas de que la partida presupuestaria para realojos de emergencia no es ilimitada.

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