Vecinos de Santa Coloma reclaman viviendas alternativas para las familias afectadas por el PERI

“Estoy muy agradecida por todo este apoyo. Me sentía sola, pero viéndoos aquí sé que no lo estoy”. De este modo celebraba Irene haber logrado una alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), tras saber que en breves debía abandonar el piso que ocupa desde hace tres años en la calle Padró, en el casco antiguo de la ciudad.

Visiblemente emocionada, Irene, que tiene tres hijos menores, ha hablado ante el centenar de personas esta tarde se han concentrado frente al consistorio colomense convocadas por el Grupo de apoyo a las familias de la escuela colomense Fray Luis de León, quienes se organizaron para reclamar al Ayuntamiento una solución habitacional "digna" para Irene y su familia.

“Es una familia de la escuela y es por eso que madres, padres e infantes convocamos una concentración”, explicó el Grupo de apoyo en un comunicado este domingo 15 de enero.

Las familias no han tenido que esperar mucho: “Celebramos que la alternativa al desalojo inminente que quiere ejecutar el propio gobierno municipal haya pasado de 30 días de pensión a una alternativa más digna de un alquiler social”, han expresado integrantes de la comunidad educativa de la escuela Fray Luis de León este lunes en otro comunicado.

Pese a que la manifestación se había convocado para que el Ayuntamiento realojara en una vivienda a Irene y su familia y este objetivo se había cumplido antes de iniciar la concentración, la protesta se ha mantenido para reclamar soluciones definitivas para las demás personas que viven en la calle Padró 14 y que, como Irene, se han visto afectadas por los desalojos derivados del proyecto urbanístico del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Santa Coloma Vella II.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la familia de Irene lleva tiempo atendida por los Servicios Sociales municipales, que estos ya trabajaban en otorgarle una vivienda social y defienden que algún grupo político o colectivo “ha cogido al grupo [las familias de la escuela] para instrumentalizar el tema”. Irene ha explicado a este diario que tiene cita para firmar el alquiler social a las 10 h de este martes 17 de enero.

Cinco familias afectadas

La de Irene es una de las cinco familias que viven en uno de los pisos ocupados de la calle Padró número 14, el antiguo Estudi 9, y que se encuentran justo encima de lo que hasta la semana pasada era el Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) Lakasa, desalojado el pasado jueves, después de cinco años, por la unidad de intervención rápida de la policía colomense y los Mossos d’Esquadra.

El Ayuntamiento de Santa Coloma explicó entonces que había “ejecutado un decreto municipal de cese de actividad” para “restablecer la legalidad urbanística” en un local de su propiedad ubicado en la plaza de la Vila, dentro del ámbito del PERI.

Entonces, el desalojo no afectó a las familias, pero, según explican las mismas, se les notificó que deberían abandonar la vivienda a lo largo de esta semana, dado que los pisos en los que todavía residen se ven también afectados por el PERI. Así, desde el consistorio señalaron entonces que las cinco familias que ocupan las viviendas ya estaban “siendo atendidas por los Servicios Sociales municipales desde hace tiempo” y que “se les ha ofrecido una solución habitacional mediante un alquiler social”.

Dos de las familias que viven en el bloque confirman a este diario que llevan tiempo hablando con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Coloma sobre reubicarlas con un alquiler social, pero remarcan que hasta ahora la oferta se basaba en un realojo provisional en un albergue o pensión pagados por el Ayuntamiento a la espera de encontrar un piso en el que reubicarlas con el alquiler social.

Así lo afirma Jonathan Piñeros, quien, junto a su esposa y sus dos hijas adolescentes, también vive en uno de los pisos ocupados de la calle Padró 14. “He tenido y sigo manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento, pero me dicen de reubicarme en un hostal o albergue, mientras buscan un piso”, declara a este diario.

Conflicto con el Ayuntamiento

Después de que este domingo se hiciese público el primer comunicado de las familias de la escuela Fray Luis de León, desde el gobierno municipal de Santa Coloma han respondido que, a pesar de reconocer que la muestra de apoyo cuando se trata de menores es “loable”, resulta “rotundamente falso que no ofrezca solución habitacional a ninguna de las familias afectadas”.

En este sentido, desde el Ayuntamiento mantienen, en un comunicado emitido este mismo lunes, que realizaron “diversos requerimientos” a las familias desde Servicios Sociales y que “no todas estas familias fueron proactivas ni reaccionaron o acudieron a la primera o segunda convocatoria”. Sin embargo, aseveran desde el consistorio colomense, “se están cerrando las propuestas con la mayoría de ellas para tener un contrato de alquiler social en una vivienda municipal”.

Así, añaden que los principales problemas se han dado en una caso en que “las personas afectadas no han facilitado el contacto con los profesionales, hasta esta misma semana y no había aceptado las propuestas de viviendas con seguimiento socioeducativo que se le ofrecía desde los profesionales de los servicios sociales”.

Los argumentos del consistorio, sin embargo, no han convencido a las familias y activistas, entre los cuales había miembros de la PAH o del mismo casal Lakasa, que se han concentrado esta tarde en la plaza de la Vila, los cuales han anunciado que se mantendrán organizadas para tratar de detener cualquier intento de desalojo que se produzca en la finca hasta que todas las familias tengan “una alternativa habitacional digna”.

El PERI

Todas estas actuaciones se enmarcan en la remodelación que supone el PERI Santa Coloma Vella II, que, aprobado en 1999, tiene previsto la reforma buena parte del centro de Santa Coloma de Gramanet, en los entornos de la plaza de la Vila. El planeamiento, de promoción privada, ha pasado por diferentes fases debido a la crisis económica y a los distintos cambios en la propiedad a lo largo de estos años.

Fue en mayo del año 2018 cuando se iniciaron en la plaza de la Vila las actuaciones de derribos de fincas afectadas por el PERI. Concretamente, el PERI fue aprobado por el Pleno municipal colomense en 1999 -Gobierno socialista con Manuela de Madre al frente-, pero no fue hasta la Junta de Gobierno local del 18 de octubre del 2016 cuando el proyecto de urbanización se aprobó definitivamente para hacerse efectivo, después de que la gestión de los terrenos pasara a ser pública el año 2014.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló hace unos meses el proyecto de reparcelación del PERI. Por su parte, desde el consistorio señalan que ya tienen aprobados los diferentes proyectos de derribo, pero que no empezarán "hasta que se recuperen las fincas y se realojen a las familias sin hogar".

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