JUICIO PENAL POR DELITOS LEVES

El Ayuntamiento de Santa Coloma denunciará a la ciudadana que agredió a una trabajadora municipal

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. / periodico

Manuel Arenas

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"El Ayuntamiento ha actuado de oficio, ante la falta de datos que teníamos para poder hacer la denuncia, denunciando a la usuaria de Servicios Sociales que agredió a nuestra compañera". Así se pronunció en el Pleno municipal del pasado mes de noviembre Esteve Serrano, primer teniente de alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, en referencia a la acción penal que el consistorio colomense ha decidido ejercer contra la mujer que responde a las iniciales M. A. F. J., desahuciada el pasado 10 de octubre e investigada por supuestamente agredir a la trabadora municipal de Servicios Sociales con iniciales E. G. A.

Se refería Serrano a la decisión del Ayuntamiento de Santa Coloma de comparecer como acusación particular -la parte acusadora ajena al Ministerio Fiscal prevista para representar los intereses de la víctima- en el procedimiento de juicio sobre delitos leves incoado por el Juzgado de Instrucción núm 3. de Santa Coloma el pasado 12 de noviembre.

Los Servicios Jurídicos de la Administración local tomaban la decisión tras tener constancia de la agresión a la asistenta social -por la que fue trasladada al Hospital Esperit Sant- en el local municipal del número 13 de Rambla del Fondo, horas después de que se ejecutara el desahucio de la ciudadana investigada, tal y como narraba en un comunicado la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma, que denunciaba sin embargo el "mal trato recibido por parte de su asistencia social". 

La demanda de los trabajadores de Servicios Sociales

A raíz de los hechos descritos, los trabajadores de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Coloma se manifestaron en el pasado Pleno municipal de noviembre. Por una parte, lamentaron los hechos y mostraron "indignación por la insuficiente implicación que ha tenido y tiene actualmente el Ayuntamiento ante la defensa de los intereses sobre los asuntos que afectan a la seguridad personal"; por otra, mostraron malestar laboral ante la "falta de personal" y la "sobrecarga de trabajo".

Como respuesta a tales reivindicaciones, Esteve Serrano, en representación del Gobierno local, recordó que la "alcaldesa tildó en redes sociales la agresión de 'vergonzosa' con una contundencia inusual", además de poner de manifiesto el "compromiso de disponer de un Protocolo de Violencia Ocupacional [reclamado por los trabajadores de Servicios Sociales] que se planteará en el Pleno de enero", el "compromiso de incrementar las medidas de seguridad" y que "actualmente el Ayuntamiento ya supera la ratio establecida en la cartera de servicios -24 trabajadoras sociales y 16 educadores-", a pesar de que reconoció que "es imposible que el Ayuntamiento pueda cubrir las 75 bajas que se producen".

"Intimidar a los trabajadores municipales"

La agresión en cuestión también llevó en su momento a la alcaldesa Parlon a acusar a la PAH de "intimidar" a los trabajadores municipales al "ocupar" la primera planta del consistorio, aludiendo en ese mismo tuit al principal grupo de la oposición, SOM Gramenet, que rápidamente se desmarcó de lo acontecido.

Por su parte, fuentes del sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirman que "condenamos la agresión y apoyamos a los trabajadores municipales en sus reinvidicaciones; valoramos positivamente que el Ayuntamiento se haya presentado como acusación particular en defensa de los empleados de servicios sociales, los cuales prestan un servicio esencial y básico para la comunidad".

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