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Santa Coloma lidera las políticas sociales en urbanismo tras el caso Pretoria

El Ayuntamiento se mantiene aún hoy "en guardia" para evitar cualquier sombra de sospecha en la gestión diaria

Siete años después, el caso Pretoria llega a juicio este mes de marzo, con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, entre los acusados. 

En este tiempo, el Ayuntamiento se ha repuesto del impacto inicial en su reputación y ha dado la vuelta al urbanismo expansivo de Muñoz y al sospechoso pelotazo de Cúbics. Ahora, Santa Coloma es una de las abanderadas en la persecución de pisos vacíos y en la gestión de políticas sociales por el derecho a la vivienda, por ejemplo. 

El actual gobierno se siente "orgulloso", pero la estructura municipal se mantiene aún hoy "en guardia" para evitar "situaciones confusas" que puedan llevar a equívocos. El actual concejal de Urbanismo, Jordi Mas, explica en una entrevista a la ACN algunas de las lecciones de los caso Pretoria: "No voy nunca a comer solo con nadie para no dar pie a ciertas situaciones. Todo se hace en reuniones y con más de una persona presente ".

EL CASO PRETORIA, SUPERADO

El caso Pretoria ha dejado de ser tema de conversación recurrente en los bares y plazas de Santa Coloma, o al menos esa es la sensación que tiene el actual responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento, Jordi Mas, que ve del todo "superado" este agujero negro de la historia reciente de la ciudad y que estalló hace más de siete años.

A pocos días de que comience el juicio, Jordi Mas asegura que esta "ya no es una cuestión que preocupe", pero que sí ha dejado un reguero de lecciones en el Ayuntamiento y nuevas formas de hacer en el día a día de los representantes municipales 'Transparencia' y 'responsabilidad' son ahora conceptos a la orden del día.

Como consecuencia del caso, explica el concejal, ha habido una "reacción normativa" que hace que todos los trámites administrativos, y especialmente en áreas delicadas como el urbanismo o la contratación, sean "más claros, transparentes y nítidos". "Todo está más preparado para evitar determinadas situaciones y menos sujeto a potenciales situaciones confusas".

Por otra parte, defiende que "la manera de actuar" de los representantes políticos también influye a la hora de evitar que ni siquiera puedan llegar propuestas deshonestas en el Ayuntamiento: "A mí no me han llegado", asegura el concejal. Lo explica gráficamente: "Si estás dispuesto a comer con alguien solo estás propiciando que muchas cosas pasen. Yo no voy nunca a comer solo con nadie para no dar pie a ciertas situaciones. Todo se hace en reuniones y con más de una persona presente ".

También los trabajadores están plenamente concienciados de ello, explica: "Tenemos una estructura que ha visto afectadas personas con las que trabajaba y que lo han pasado mal. Toda la estructura está en guardia: hay mucho ojos que miran y también hay a quien le puede interesar crear un clima de sospecha permanente ".

CORRUPCIÓN Y BURBUJA IMMOBILIARIA

En cuanto a la gestión interna, la acción cotidiana y diaria, tanto de la empresa municipal Gramepark como del área de Urbanismo, está más centrada ahora en "las políticas de derecho a la vivienda, las mejoras en la movilidad y la lucha contra la contaminación atmosférica ", en contraposición a una política urbanística expansiva que en el contexto del caso Pretoria terminó siendo un arma de doble filo para la ciudad.

En la Santa Coloma de Muñoz existía una política de adquisición de suelo, que se financiaba con crédito y se secaba con la venta de las viviendas a jóvenes o familias que conseguían créditos puente, pero que se detuvo de golpe con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Ayuntamiento se encontró entonces con un montón de propiedades en las que no podía dar salida. La coincidencia con el caso Pretoria agravó la situación de las finanzas municipales por la "crisis de confianza" que sufrieron muchos de los potenciales compradores de vivienda pública y que se echaron atrás.

Fue un momento "traumático" a lo que había que adaptarse, para pasar "de una fase expansiva en una fase contractiva", relata Mas. Sólo a nivel económico, Gramepark se encontró con una deuda de más de 80 millones de euros que era imposible de secar con la actividad propia de la sociedad. Siete años después, esta deuda se ha reducido a la mitad, pero aún hoy el Ayuntamiento destina un parte de su presupuesto a seguir haciendo neto a la sociedad municipal. En paralelo a la gestión económica, el área de urbanismo también se ha impreso un "imprescindible" cambio de cultura y de la manera de enfocar las prioridades municipales.

En este sentido, en los últimos años se han puesto hasta 107 multas a entidades financieras para tener pisos vacíos o en mal estado en la ciudad -se han cobrado un 72% por importe de 116.900 euros- y Santa Coloma ha convertido en una de las abanderadas de las políticas de vivienda en Cataluña. En esta línea de actuación, se han recuperado también cerca de una treintena de pisos en desuso para ponerlos en la bolsa de alquiler social y se ha puesto en marcha un programa pionero de rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad de la mano de las comunidades de vecinos y dotado con cerca de 2 millones de euros.

Estos son sólo algunos de los ejemplos del nuevo paradigma urbanístico de Santa Coloma, del que se jacta el actual gobierno municipal. "El urbanismo es fundamental para la mejora de las condiciones de vida de la gente y estamos orgullosos de poder poner en marcha políticas para evidenciar el problema de los pisos vacíos o para transformar la ciudad. Tenemos muchas metas que hemos ido consiguiendo y de las que nos sentimos satisfechos ", remacha Jordi Mas.

ONCE ACUSADOS

El juicio por el caso Pretoria comienza este mes de marzo en la Audiencia Nacional, que ha previsto más de una veintena de sesiones que se alargarán durante los próximos meses. Sentarán en el banquillo por distintos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, el presunto cabecilla de la trama, Luis García, 'Luigi'; el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; los ex altos cargos de CiU, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y sus parejas, Gloria Torres y María Lluïsa Mas; los empresarios Josep Singla (Proinosa) y Manuel Carrillo (Limasa), y dos de los presuntos testaferros de la trama, Manuel Valera y Philip McMahann.

El Ayunamiento, que está personado en la causa, reclama siete años de prisión y dieciocho de inhabilitación para su exalcalde, una multa de 5,2 millones de euros y el regreso al consistorio de los 1,7 millones de euros que presuntamente se habría embolsado. "Hace muchos años que dura y ya tenemos ganas de que se acabe", afirma el titular de Urbanismo del Ayuntamiento, Jordi Mas. En el escrito de acusación, el Ayuntamiento también pide penas para algunos de los otros acusados: cuatro años de prisión y 3,3 millones de euros de multa para 'Luigi'; tres años y 3,3 millones de euros de multa para Valera; tres años y medio y 1,8 millones de euros de multa para Singla, y once meses y 12.480 euros de multa para Carrillo. En el caso del ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, el Ayuntamiento no ejercerá la acusación particular.

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