Luz verde en Sant Cugat a una moción de Junts, PP y Vox para que la vivienda pública esté condicionada a 10 años de residencia

El pleno municipal de Sant Cugat (Vallès Occidental) celebrado este 17 de marzo ha aprobado una moción para endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública de alquiler, incrementando de tres a diez años el periodo mínimo de empadronamiento en el municipio, de forma contínua o discontinua. La propuesta, presentada por Junts per Sant Cugat, partido que capitanea el ejecutivo local (junto con ERC) ha salido adelante con los votos favorables de Junts, PP y Vox, la abstención del PSC y el rechazo de ERC, la CUP y En Comú Podem.

De hecho, la moción ha generado división entre los socios de gobierno, ya que los republicanos han presentado un texto alternativo que no obtenido respaldo. Esta propuesta ha buscado establecer un sistema de baremación basado en la renta y los años de empadronamiento, adaptado a la oferta pública de vivienda de protección oficial de cada municipio, sin fijar de antemano un período obligatorio de diez años de empadronamiento.Tampoco han prosperado las enmiendas de Vox, que pretendían establecer una prioridad nacional.

La moción insta al Parlament de Catalunya a modificar la legislación vigente. Asimismo, reclama a la Generalitat que aplique este criterio en la adjudicación de los 50.000 pisos de protección oficial, anunciados por el presidente Salvador Illa (PSC) que se prevén construir durante los próximos años.

El alcalde de Sant Cugat pide aumentar 10 años el empadronamiento mínimo para optar a una vivienda pública

Según la moción aprobada, el arraigo en el municipio es un factor clave para fortalecer la cohesión social y el desarrollo local. "El entorno inmediato, la comunidad, los servicios, la lengua y la historia local crean un sentimiento de pertenencia que influye en la identidad individual y colectiva", argumenta el documento.

De hecho, así la ha explicado el concejal de Urbanismo, Àngel Pedrós (Junts), que ha presentado la moción: "No queremos que se expulse a nuestros jóvenes. La conexión de identidad con los años de socialización y la participación en el tejido asociativo es fundamental. Los años de empadronamiento deben permitir que los jóvenes puedan quedarse en la ciudad. Los años de querer la ciudad se cimentan en sentirse arraigados y en la cohesión social de la ciudad. Son parte activa", ha asegurado. "Cuantos más años de residencia tengan, más oportunidades tendrán de construir una ciudad mejor, en un contexto global de una ciudad integradora", ha continuado.

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El acuerdo alcanzado en el pleno contempla tres peticiones concretas: instar al Parlament de Catalunya a modificar la normativa para establecer el mínimo de diez años de empadronamiento como requisito de acceso a la vivienda pública de alquiler; solicitar a la Generalitat que, mientras se tramitan estos cambios legislativos, implemente mecanismos extraordinarios para que las futuras promociones de vivienda protegida ya se rijan por este principio; y trasladar el acuerdo a los grupos políticos del Parlament y a la conselleria competente en materia de vivienda.

Esta moción se enmarca en la crisis habitacional que atraviesa Sant Cugat, donde los precios del alquiler se sitúan entre los más altos de Catalunya, con una media de 1.419,06 euros mensuales. En febrero de este año, el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), ya propuso a Carles Puigdemont al elevar de tres a diez años el requisito de empadronamiento para acceder a la Vivienda de Protección Oficial, argumentando que la medida ayudaría a frenar la expulsión de los jóvenes del municipio debido a la presión inmobiliaria.