El alcalde de Sant Cugat pide aumentar 10 años el empadronamiento mínimo para optar a una vivienda pública

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), ha propuesto elevar de tres a diez años el periodo de empadronamiento necesario para acceder a la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Esta medida, que triplica el requisito actual, que es de tres años, prete

e priorizar a los vecinos con mayor arraigo en el municipio y frenar la expulsión de los jóvenes debido a los elevados precios del alquiler. Su partido llevará la propuesta tanto al Parlament de Catalunya como al Congreso de los Diputados para modificar la normativa vigente.

El alcalde defiende que esta iniciativa es una respuesta a la crisis habitacional que sufre Sant Cugat, una de las ciudades catalanas con el alquiler más alto, con una media de 1.419,06 euros mensuales.

Así, la medida busca dar prioridad a los vecinos de Sant Cugat con mayor tiempo de residencia, considerándola un salvavidas ante la crisis habitacional que expulsa a los jóvenes debido a los altos precios del alquiler. Este fenómeno, denunciado desde el anterior mandato, ha impulsado diversas medidas para frenarlo, como el desarrollo del nuevo barrio de Can Ametller. En este sentido, Vallès argumenta que la normativa podría aplicarse a "muchos municipios catalanes" que enfrentan el mismo problema: la salida forzada de los jóvenes ante la imposibilidad de costear una vivienda. El debate, que implica el acceso a la vivienda y el futuro de los jóvenes, trasciende lo local y se instala en el ámbito nacional. 

La propuesta fue presentada personalmente por Vallès al líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica), según un vídeo difundido en Instagram por el propio alcalde. La iniciativa también ha recibido el respaldo de Jordi Puigneró, teniente de alcaldía en el consistorio y ex vicepresidente de la Generalitat, quien ha defendido en la red social X que "el arraigo en el municipio debe ser un elemento prioritario en las políticas de vivienda para evitar que la gente tenga que irse".

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Sin embargo, la propuesta no ha tardado en generar reacciones. Los anticapitalistas, que cuentan con dos concejales en el Pleno Municipal, han criticado la medida a través de un comunicado, denunciando que "contribuiría a aumentar la desigualdad y la elitización de la ciudad".

Por su parte, Esquerra Republicana, socio de gobierno de Junts en el ejecutivo local y responsable de la tenencia de alcaldía de vivienda, se ha mostrado cauto. "En Sant Cugat se tendrá que estudiar y debatir cuál será la mejor medida", ha declarado a este diario Bernat Picornell, portavoz de ERC en el municipio, asegurando que no aceptarán ninguna acción que consideren discriminatoria.

Mientras Junts apuesta por endurecer los requisitos para priorizar a los residentes con más antigüedad, sus socios de gobierno y la oposición advierten del riesgo de exclusión social que podría derivarse de esta medida.