Número 4 de la Avenida Lluís Companys

Cuatro familias de Sant Cugat denuncian coacciones de un propietario que alega "ruina" para derribar un edificio

El Ayuntamiento media en el conflicto entre vecinos y la familia Català, que pide la demolición por aluminosis

EXPULSIÓN | Sant Cugat se marca revertir la expulsión de vecinos por no poder acceder a la vivienda: "Queremos que se queden"

Carme Ferrer y Valentina Pascual en su vivienda que quieren derrumbar

Carme Ferrer y Valentina Pascual en su vivienda que quieren derrumbar / Manu Mitru

Clàudia Mas

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Seis inquilinos de edad avanzada que residen en el número 4 de la Avenida Lluís Companys, en Sant Cugat del Vallès, viven con la incertidumbre de perder sus viviendas pese a contar con contratos de renta antigua. El edificio, situado junto a la estación de FGC del Centre, es ahora el epicentro de un conflicto entre los vecinos y la familia Català, propietaria del inmueble e hija de grandes tenedores, que asegura que el bloque sufre "ruina económica" debido a problemas de aluminosis y ha solicitado su demolición.

El pasado 9 de diciembre, los inquilinos recibieron un burofax en el que se les informaba de que el edificio sería derribado el próximo 22 de enero y, por ende, debían abandonarlo antes de esa fecha. No obstante, esta acción ha quedado paralizada, al menos temporalmente, ya que el Ayuntamiento confirma que, aunque la licencia de demolición fue solicitada, aún no ha sido concedida.

“El contenido del burofax es completamente falso, algo que hemos llevado a los tribunales. Nos están amenazando, nos están echando de nuestras casas. Siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones”, denuncia Carme Ferrer, quien reside en el edificio junto a su madre, Valentina Pascual, de 91 años, una mujer con dependencia reconocida por ley.

El edificio de la avenida Lluís Companys de Sant Cugat que quieren derribar

El edificio de la avenida Lluís Companys de Sant Cugat que quieren derribar / Manu Mitru

El enfrentamiento viene de lejos. En marzo de 2024, los vecinos interpusieron una querella criminal por "coacción" contra los propietarios, alegando que no habían llevado a cabo las reparaciones necesarias en el edificio, lo que había derivado en un progresivo deterioro. Según los inquilinos, este abandono intencionado forma parte de una estrategia para forzarlos a marcharse.

Desde el Ayuntamiento de Sant Cugat confirman que "la licencia de demolición cumple los requisitos técnicos, pero su efectividad está condicionada al respeto y garantía de los derechos de los inquilinos". El pasado 10 de enero, el alcalde Josep Maria Vallès (Junts) se reunió con los vecinos afectados y su abogado, asegurándoles que el edificio no sería derribado en la fecha señalada y comprometiéndose a mediar en el conflicto. Desde entonces, fuentes municipales confirman que Servicios Sociales mantiene un seguimiento constante de los inquilinos, tres de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, para garantizar que no queden desamparados.

Además, el miércoles 15 de enero, Vallès sostuvo un encuentro con la familia Català y su abogado, en el que les instó a dialogar con los residentes para alcanzar un acuerdo. Según ha podido confirmar este diario, la reunión entre ambas partes está programada para el próximo 21 de enero.

Assumpció en su habitación en el bloque de Sant Cugat que quieren derribar

Assumpció en su habitación en el bloque de Sant Cugat que quieren derribar / Manu Mitru

"Expulsión sistemática de vecinos"

El burofax enviado en diciembre no ha hecho más que intensificar la tensión. Ferrer explica que el abogado de los vecinos considera este documento una prueba adicional que refuerza la querella, al interpretarlo como una nueva maniobra de presión ejercida por la propiedad.

Carme sale de su casa en Sant Cugat, no hay ascensor. La quieren derribar

Carme sale de su casa en Sant Cugat, no hay ascensor. La quieren derribar / Manu Mitru

La portavoz del Sindicato de Llogateres, Mariona Bote, ha calificado este caso como "una prueba más de la expulsión sistemática de vecinos de la ciudad para que una familia continúe enriqueciéndose a costa de un derecho tan básico como la vivienda". En declaraciones a este diario, añadió: “Denunciamos esta situación: no puede ser que una familia como los Català esté expulsando a los vecinos de un edificio para especular con la vivienda. Nos mantendremos al lado de las vecinas y lucharemos hasta el final para que puedan quedarse en sus hogares”.

El sindicato también ha puesto en entredicho la validez del documento que declara la "ruina económica" del edificio. “Detalla con precisión las partidas de gasto para la rehabilitación, desde las medianeras y la fachada hasta ítems de seguridad y salud. Sin embargo, al referirse a la construcción de un nuevo edificio, solo calcula el precio por metro cuadrado en 718 euros, un valor muy inferior al promedio en Sant Cugat, que se sitúa entre 1.400 y 1.500 euros”.

Assumpció en el balcón de su vivienda

Assumpció en el balcón de su vivienda / Manu Mitru

“No vamos a marcharnos”

Los inquilinos, todos ellos con contratos de renta antigua firmados entre las décadas de 1950 y 1980, han dejado claro que no abandonarán sus viviendas sin resistencia. “Llevo aquí más de 60 años, esta es mi casa”, reitera Assumpció, quien vive en un tercer piso sin ascensor.

Para Carme Ferrer, cualquier intento de desalojo que no contemple un realojo digno es inaceptable. “Nos hemos criado en este edificio durante toda una vida, y ahora pretenden echarnos sin más. No lo permitiremos”, asegura con firmeza.

La entrada del edificio que quieren derrumbar en la avenida Lluís Companys

La entrada del edificio que quieren derrumbar en la avenida Lluís Companys / Manu Mitru

“Nací en este piso. Siempre he cuidado de mi hogar, he hecho todas las reparaciones necesarias para mantenerlo en buen estado. ¿Dónde se supone que iré ahora?”, se pregunta Assumpció Volart, a punto de cumplir sus 96 años.

“La falta de mantenimiento no es casual, es una forma de coacción”, señala el portavoz de los inquilinos, nieto de una de las afectadas. Entre los problemas más graves, enumera el colapso parcial de un balcón hace dos años, grietas en las paredes y la proliferación de nidos de palomas en las galerías. “No han hecho nada para reparar el edificio y ahora pretenden usar su mal estado como excusa para desalojarnos”, concluye.