Conflicto laboral

Inspección de Trabajo determina que se vulneró el derecho a la huelga de conductores de bus del Baix Llobregat

CCOO tiene previsto presentar ahora una demanda colectiva contra la UTE que gestiona el servicio de Sant Boi y otros municipios y que integran los grupos Monbus y Julià

Conductores de autobús de Monbus/Julià en el Baix Llobregat se concentran frente a las oficinas de Monbus en L'Hospitalet de Llobregat.

Conductores de autobús de Monbus/Julià en el Baix Llobregat se concentran frente a las oficinas de Monbus en L'Hospitalet de Llobregat. / Robert Ramos

Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

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Más madera para los conflictos de los autobuses del Baix Llobregat y L'Hospitalet. Inspección de Trabajo ha determinado que la Unión de Temporal de Empresas (UTE) Sant Boi, Barcelona y otros, que integran empresas de los grupos Monbus y Julià, vulneró el derecho fundamental a la huelga de los conductores de autobús en sus líneas del Baix en varias jornadas de paros que realizaron durante el mes de febrero. El organismo así lo ha resuelto a raíz de una denuncia interpuesta por CCOO.

En el texto, Inspección concluye que la UTE "ha incumplido con su obligación de asignar la realización de los servicios mínimos a aquellos trabajadores que no ejerzan el derecho de huelga" y que, al asignar la cobertura de servicios mínimos a los empleados que "habían manifestado de forma expresa su voluntad de participar en el paro, ha vulnerado el derecho de huelga de los mismos".

La Inspección considera como hechos probados que los días 8 y 10 de febrero se asignaron servicios ordinarios, es decir, no servicios mínimos, a "más de cinco trabajadores que no habían manifestado su voluntad de hacer huelga", en la primera fecha y a "más de 21 trabajadores", en la segunda fecha.

Por otro lado, en relación con los trabajadores asignados a la realización de servicios mínimos del pasado 22 de febrero, el organismo dice que "se comprueba la asignación de dichos servicios mínimos a tres trabajadores que ya habían comunicado su intención de hacer huelga, siendo sus comunicaciones aceptadas como válidas por la empresa".

Sobre la asignación de servicios a trabajadores que sí habían manifestado su intención de hacer huelga, la resolución expone que, el hecho de que se estipularan, en esos mismos días de paros, servicios ordinarios a trabajadores que no habían expresado su intención de hacer huelga "demuestra que había disponibilidad de trabajadores para los cuales al menos no se conocía su intención de hacer huelga" y que la UTE no agotó sus opciones de cubrir los servicios con empleados no adheridos a la huelga. Con todo, Inspección de Trabajo considera que el efecto de estas acciones fue, "indudablemente, el de reducir el impacto de la huelga".

Demanda colectiva

Ante estos hechos, Inspección de Trabajo levanta acta de infracción a la UTE en materia de relaciones laborales por vulneración del derecho de huelga. Así, el propio texto informa de que los trabajadores o sindicatos que entiendan vulnerado este derecho de huelga pueden presentar demanda, algo que, según ha podido saber este diario, planean hacer de forma colectiva vía CCOO.

"Desde CCOO consideramos estos hechos de una gravedad extrema y reafirmamos que seguiremos defendiendo, en todas las instancias, el derecho fundamental a la huelga como herramienta indispensable en la defensa de los derechos sociolaborales de la clase trabajadora", señala en sindicato en un comunicado.

Este diario se ha puesto en contacto con Monbus para conocer la visión de la empresa, pero, en el momento de publicación de este artículo no se ha obtenido respuesta.

Conflicto enquistado

La plantilla de Monbus/Julià se encuentra inmersa en un proceso de conflicto y movilización sindical que le ha llevado a secundar varias convocatorias de huelga durante los pasados meses. Los conductores de Monbus/Julià protestan desde principios de enero por jornada laborales "maratonianas" y una subrogación de la plantilla que consideran “irregular”. Cuando venció el contrato por los servicios de bus urbano e interurbano que durante más de treinta años había llevado a cabo la empresa Oliveras, una de las tres patas del grupo Baix Bus, salió la licitación para determinar qué empresa se haría cargo del servicio.

Así, el concurso lo ganó una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por ocho empresas de los grupos Monbus y Julià, que empezó a operar a mediados de 2022. Sin embargo, desde el Comité de empresa explican que cuando el personal de Oliveras fue subrogado por el nuevo operador no se le subrogó a la ganadora del concurso, la UTE, sino a una de las empresas de esta, Alcalabus, hecho que consideran "irregular”.

Desde el Comité de empresa denuncian que los problemas con esta subrogación, se acentuaron cuando a las nuevas incorporaciones que hacían para cubrir las líneas del Baix Llobregat y L’Hospitalet se las contrató por otra de las empresas que forman parte de la UTE, Castromil, de modo que la plantilla queda dividida. "La última ficha que se ha movido es que todos los trabajadores que veníamos subrogados pasemos a la ganadora del concurso público, la UTE", defienden.

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